Los parlamentarios representativos del departamento de Tarija han salido al frente para desmentir categóricamente las acusaciones que los vinculan con la recepción de sumas de dinero provenientes del asesor Fernando Cerimedo. Ante la gravedad de las afirmaciones, los legisladores no solo han negado cualquier vínculo financiero con Cerimedo, sino que han manifestado su total apertura a ser sometidos a investigaciones judiciales y han anunciado el inicio de acciones legales contra Nadia Beller.
El conflicto surge a raíz de unas declaraciones emitidas por Nadia Beller, quien ha sido víctima de un ataque armado del cual se presume que Fernando Cerimedo fue el autor intelectual. Beller, en intervenciones realizadas ante medios de comunicación internacionales, aseguró que el asesor argentino realizaba pagos mensuales de 5.000 dólares a un grupo específico de parlamentarios pertenecientes a las bancadas de Libre y Unidad. Según el testimonio de Beller, el objetivo de estos pagos irregulares era asegurar el apoyo legislativo a las leyes presentadas por el gobierno de Rodrigo Paz. Para respaldar sus afirmaciones, Beller presentó una nómina detallada con los nombres de los legisladores que presuntamente habrían recibido dichos fondos.
Dentro de la lista proporcionada por Beller figuran los nombres de Lorena Gareca y José Luis Porcel, ambos diputados por el departamento de Tarija. Tras conocerse la difusión de este documento, ambos legisladores rechazaron tajantemente las acusaciones. Los parlamentarios tarijeños han exigido que se presenten pruebas tangibles que sustenten las afirmaciones de Beller y han advertido que no permitirán que su reputación sea dañada sin fundamentos reales.
El diputado José Luis Porcel ha sido enfático al solicitar evidencias que demuestren cualquier tipo de ingreso irregular en su patrimonio. Durante sus declaraciones, Porcel apeló a su trayectoria pública y profesional, señalando que cuenta con más de 40 años de servicio en Tarija, tiempo durante el cual nunca se ha visto envuelto en incidentes de esta naturaleza, ni ha enfrentado denuncias o demandas similares. Para el legislador, las acusaciones carecen de sustento y resultan ser declaraciones emitidas con ligereza.
Por su parte, la diputada Lorena Gareca inició su defensa negando inicialmente siquiera conocer a Fernando Cerimedo, lo que, según ella, hace imposible haber recibido cualquier suma de dinero de su parte. Gareca fue contundente al anunciar que emprenderá acciones legales contra Nadia Beller por los delitos de calumnias e injurias. "El que calla otorga, y yo no voy a otorgar con mi silencio cuando se trata de dañar mi imagen y mi dignidad", afirmó la legisladora, subrayando que su silencio no debe interpretarse como una aceptación de los cargos.
En un gesto de transparencia, Gareca, acompañada por otros parlamentarios de la bancada de Libre, declaró que está dispuesta a someterse a cualquier tipo de investigación oficial, incluyendo la revisión exhaustiva de su patrimonio y el análisis de sus cuentas bancarias. La diputada reiteró que niega categóricamente haber recibido dádivas o favores a cambio de votos dentro de la Asamblea Legislativa. Asimismo, instó a las autoridades judiciales a investigar la nómina facilitada por Beller para esclarecer los hechos basándose en pruebas reales y no en lo que calificó como una "lista de Excel".
La controversia se ha extendido a las jefaturas de bancada de las alianzas Unidad y Libre, las cuales han emitido comunicados demandando a Nadia Beller la presentación de las pruebas sobre los supuestos "sobresueldos" que algunos legisladores estarían percibiendo. La bancada de Unidad ha solicitado formalmente una investigación completa, transparente y sin secretos que involucre a todos los actores mencionados en las declaraciones.
De manera similar, la jefatura de bancada de Libre expresó su rechazo absoluto a las acusaciones, sosteniendo que no existe una sola prueba que las sustente. En su comunicado, la organización enfatizó que toda denuncia debe ser responsable y verificable, señalando que, si existen elementos que respalden tales afirmaciones, estos deben ser presentados ante las instancias competentes. La bancada de Libre concluyó rechazando las "condenas mediáticas" basadas en sospechas o acusaciones que consideran sin fundamento.
Finalmente, el detalle de la nómina hecha pública por Beller en el programa "Encontrados" revela que un total de 28 legisladores están presuntamente implicados. La distribución geográfica de los nombres incluye a doce legisladores de Santa Cruz, tres de Potosí, dos de Chuquisaca, dos de La Paz, dos de Cochabamba, dos de Oruro, dos de Tarija, dos de Pando y uno del Beni.
