La República de Cuba atraviesa actualmente una situación de inestabilidad profunda que se manifiesta en múltiples dimensiones, reflejando los síntomas de una crisis total bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel. El deterioro de las condiciones de vida ha alcanzado niveles críticos, donde la inseguridad alimentaria se ha convertido en una realidad cotidiana para la gran mayoría de la población. Según los datos disponibles, casi ocho de cada diez cubanos se ven obligados a saltarse alguna de las comidas principales debido a los elevados costes de los alimentos.
A este escenario de hambre se suma una situación de pobreza alarmante. Las cifras indican que los niveles de pobreza ya alcanzan al 94% de la población, lo que sitúa a la isla en una posición de vulnerabilidad extrema. Paralelamente, el ámbito de la salud pública se encuentra bajo una presión insostenible, no solo por la precariedad de los recursos, sino por la persistencia de epidemias activas de dengue y del virus Oropouche, que añaden una capa extra de complejidad a la crisis sanitaria.
Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes es el agravamiento de la crisis demográfica, cuyos datos reveladores han sido compartidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Para el año 2025, la tendencia es devastadora: murieron dos personas por cada nacimiento registrado. En términos concretos, la isla contabilizó 136.214 defunciones frente a tan solo 68.064 nacimientos, una disparidad que pone en riesgo la sostenibilidad poblacional a largo plazo.
Este fenómeno se ve potenciado por una crisis de natalidad severa. La tasa global de fecundidad se situó en 1,29 hijos por mujer en 2025, una cifra que se mantiene en mínimos históricos y que se encuentra muy por debajo del umbral de 2,1 hijos por mujer, cifra necesaria para garantizar el reemplazo generacional. Esta caída en la natalidad, sumada a un envejecimiento acelerado de la sociedad, ha provocado que más de uno de cada cuatro residentes de la isla tenga 60 años o más. En consecuencia, el envejecimiento se ha erigido como uno de los factores principales para explicar tanto el aumento de las defunciones como la reducción drástica de la población activa.
A este declive natural se suma el factor de la emigración. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), más de 245.000 personas abandonaron la isla durante el año 2025. Este éxodo demográfico afecta principalmente a los sectores más jóvenes y capacitados, lo que reduce aún más el número de habitantes en edad de trabajar. El impacto es tangible: en un periodo de apenas cinco años, la población cubana en edad laboral se redujo en 1,26 millones de personas, situándose actualmente en 5,6 millones.
El sistema sanitario, tradicionalmente un pilar del régimen, también presenta un deterioro avanzado. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha descrito una situación crítica caracterizada por la escasez de medicamentos y suministros esenciales, así como la migración masiva de personal sanitario. A estas carencias se suman la crisis energética y las constantes interrupciones de los servicios básicos, factores que incrementan la presión sobre un sistema que ya afronta dificultades crecientes para mantener sus servicios mínimos.
La combinación de estos factores está alterando la estructura misma de la sociedad cubana. La reducción de nacimientos, el envejecimiento poblacional y la salida masiva de ciudadanos en edad productiva crean un círculo vicioso difícil de romper: disminuye la base de población capaz de sostener la economía, mientras aumenta la demanda de servicios y prestaciones para una población anciana cada vez mayor.
Al cierre de 2025, la población efectiva de Cuba quedó fijada en 9.434.593 habitantes, según los datos oficiales. De este total, el 74,7% reside en ciudades y asentamientos urbanos, mientras que aproximadamente 2,39 millones de personas viven en zonas rurales. En definitiva, Cuba afronta una crisis demográfica que trasciende la mera diferencia estadística entre nacimientos y defunciones; se trata de un proceso de erosión social donde el desplome de la natalidad, la emigración y el colapso de los servicios públicos dejan a la sociedad en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.
