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AN-2015 impulsa propuesta para derogar Ley contra el Odio y liberar operatividad de ONG

En el marco de la mesa de negociación entre representantes del chavismo y la AN-2015, la presidenta de esta última, Dinorah Figuera, anunció que el

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AN-2015 impulsa propuesta para derogar Ley contra el Odio y liberar operatividad de ONG

En el marco de las actuales mesas de negociación establecidas entre representantes del chavismo y la Asamblea Nacional de 2015 (AN-2015), la presidenta de este cuerpo legislativo, Dinorah Figuera, ha hecho público un anuncio fundamental sobre la hoja de ruta jurídica que el parlamento pretende implementar. Figuera informó que se trabaja activamente en la elaboración de una propuesta legislativa cuyo objetivo primordial es la derogación de la Ley contra el Odio, así como el desmantelamiento del marco normativo que actualmente regula e interviene el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dentro del territorio nacional.

La vocera de la oposición detalló que esta iniciativa no se limita a la simple eliminación de leyes, sino que busca, en esencia, desmontar toda la arquitectura jurídica que ha sido implementada y utilizada durante los últimos años. Según la parlamentaria, este conjunto de normativas ha servido como herramienta para restringir el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y para limitar la labor de la sociedad civil organizada, la cual ha visto mermada su capacidad de acción debido a las regulaciones vigentes.

Estas declaraciones fueron emitidas durante su participación en el conversatorio titulado "Diálogos de la transición: lo jurídico", un espacio de análisis y reflexión promovido por la Vicepresidencia de Formación del partido Primero Justicia. En este contexto, Figuera explicó que el plan parlamentario es ambicioso y abarca la revisión exhaustiva de diversos instrumentos legales que poseen un carácter coercitivo. Hizo especial énfasis en aquellos mecanismos legales vinculados con la administración y la gestión de activos, los cuales han sido objeto de cuestionamientos por su aplicación.

De acuerdo con la exposición de la parlamentaria, el objetivo central de estas acciones es avanzar hacia la construcción de medidas concretas de justicia y la reparación de garantías fundamentales. El propósito es desarticular aquellas herramientas normativas que, a juicio de la AN-2015, han limitado la participación política efectiva y han obstaculizado el libre debate democrático en el país. Para Figuera, la revisión de estas leyes es un paso necesario para restaurar la normalidad institucional.

Uno de los puntos más críticos y urgentes expuestos por la dirigente fue la necesidad imperativa de devolver a las agrupaciones políticas el pleno goce de sus derechos electorales. Durante su intervención, Figuera recordó que diversas organizaciones políticas en Venezuela han sufrido la confiscación de sus siglas y de sus tarjetas electorales. Este proceso se habría llevado a cabo mediante la aplicación de fallos judiciales y medidas administrativas que, en la práctica, despojaron a las directivas legítimas de estas organizaciones de su representación legal, dejándolas en una situación de vulnerabilidad jurídica.

Asimismo, la estrategia legislativa planteada por la presidenta de la AN-2015 incluye el cese inmediato de las inhabilitaciones políticas que pesan sobre un número considerable de dirigentes de la oposición. Esta medida busca permitir el retorno y la reintegración de aquellos líderes que han sido perseguidos, exiliados o que han sido despojados de sus derechos ciudadanos básicos a través de mecanismos administrativos.

En el cierre de su encuentro, Dinorah Figuera enfatizó la importancia de recuperar la capacidad de participación en los procesos electorales para aquellos ciudadanos y líderes que han sido víctimas de procesos de criminalización y persecución. La dirigente fue tajante al señalar que la existencia y operatividad de los partidos políticos es una condición sine qua non para la existencia de un sistema democrático, subrayando que «uno de nuestros objetivos centrales es que se devuelva el ejercicio del derecho a participar en procesos electorales a las personas que han sido criminalizadas, perseguidas y exiliadas. Sin partidos políticos no hay democracia posible».

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