El centro de Guayaquil enfrenta un desafío crítico de movilidad. Para quienes trabajan, realizan trámites administrativos o visitan comercios y oficinas en el casco central, encontrar un espacio para estacionar el vehículo se ha convertido en una tarea sumamente difícil. En respuesta a esta problemática, el Concejo Municipal analiza la ampliación del sistema de estacionamientos tarifados en la zona céntrica, una medida que ha generado posturas encontradas entre los usuarios y conductores.
El proyecto, que ya fue aprobado en primer debate, propone mantener una tarifa de 1 dólar por hora, la cual es fraccionable desde 0,25 centavos por cada 15 minutos. Una de las condiciones principales de esta normativa es el establecimiento de un tiempo máximo de estacionamiento ininterrumpido de cuatro horas. De implementarse, el valor no representaría un incremento respecto a la tarifa que ha estado vigente desde el año 2018.
Sin embargo, la medida no es vista con optimismo por todos. Para los trabajadores que pasan jornadas extensas en el centro, el sistema de parquímetros representa un inconveniente económico y logístico. Franco Ortega, quien labora cerca de la estación de la Aerovía Cuatro Mosqueteros, señaló que actualmente recurre a cuidadores informales que le reservan el espacio por 2 dólares durante su jornada, que en ocasiones puede extenderse hasta las 12 horas. Según Ortega, el límite de cuatro horas obligaría a los trabajadores a movilizar sus vehículos constantemente para evitar multas, en un entorno donde los espacios ya están saturados.
En una línea similar, Ricardo Mendieta, usuario de la calle Piedrahíta, destacó la diferencia de costos. Mientras que un cuidador informal puede cobrar entre 1 y 3 dólares por día, el uso de parquímetros durante una jornada laboral de ocho horas podría elevar el gasto diario a 8 dólares o más. Mendieta también subrayó que la instalación de los dispositivos debe ir acompañada de controles estrictos contra el cuideo informal para que el sistema sea efectivo.
Por otro lado, existen conductores que ven la medida como una solución necesaria. Fausto Samaniego, quien transita por la calle Colón, explicó que quienes necesitan estacionarse por periodos cortos suelen encontrar los espacios ocupados permanentemente o bloqueados por obstáculos improvisados. Para este sector, la tarifa fomentaría la rotación de los espacios, facilitando el acceso a oficinas y comercios.
El respaldo técnico a la medida se basa en un estudio de movilidad presentado por la concejala Nelly Pullas, del Partido Social Cristiano (PSC). El análisis se centró en un polígono comprendido entre las calles Loja y Colón, y entre Boyacá y Malecón. Los datos revelan que aproximadamente 149.000 vehículos se desplazan hacia el centro, destacando la calle Boyacá con 43.000 automotores, Malecón con 41.000 y Piedrahíta con 9.500.
El estudio identificó 1.912 plazas de estacionamiento con una ocupación media del 93,60 % y una rotación de 2,62. Un hallazgo relevante fue la detección de vehículos que permanecen más de seis horas en un mismo sitio, como sucede en la calle Rocafuerte, lo que impide que otros usuarios encuentren espacio. Bajo esta premisa, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, defendió la necesidad de generar rotación, argumentando que una plaza pública no puede funcionar como un parqueadero permanente para una sola persona.
En cuanto a las sanciones, la ordenanza prevé multas para quienes no paguen o excedan el tiempo permitido. La concejala Pullas propuso reducir el valor de la multa del 15 % al 7 % del salario básico unificado, sugiriendo un plazo de 12 horas para realizar el pago tras la notificación. No obstante, Édgar Lupera, gerente de la ATM, aunque respalda la reducción de la multa, cuestionó el plazo de 12 horas por temor a generar desorden y falta de control, sugiriendo en su lugar una tolerancia de 15 minutos antes de emitir la notificación.
Lupera aclaró que la implementación no será automática en todas las calles analizadas. Para que se instale un nuevo estacionamiento tarifado, la ATM deberá realizar estudios previos de planificación, uso de suelo, condiciones urbanísticas, accesibilidad y movilidad. Además, se deberá analizar la presencia de comerciantes informales y ejecutar un proceso de socialización comunitaria de al menos 20 días.
Desde la perspectiva del urbanismo, Carlos Jiménez señaló que cobrar por el estacionamiento puede ayudar al orden, pero no debe ser la única medida. Jiménez sugirió fortalecer el transporte público, ampliar los espacios peatonales y desarrollar parqueaderos verticales. Estos últimos podrían ofrecer tarifas mensuales o semestrales diferenciadas para los trabajadores del centro, dejando los espacios en la calle exclusivamente para trámites o compras de corta duración, con el objetivo final de reducir la dependencia del automóvil.
Finalmente, la propuesta incluye exoneraciones para personas con discapacidad que posean el distintivo correspondiente y una exención de hasta cuatro horas para vehículos eléctricos. La resolución final de esta ordenanza se conocerá este jueves 20 de agosto, durante la sesión número 186 del Concejo.
