La crisis energética que atraviesa Bolivia ha alcanzado un punto de complejidad crítica, manifestándose no solo en las estadísticas de comercio exterior, sino en la realidad cotidiana de miles de ciudadanos que enfrentan largas filas en las estaciones de servicio. De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el país registró una caída drástica del 31% en el volumen de importaciones de combustibles durante el primer semestre del año, un factor que ha puesto bajo presión severa el sistema de abastecimiento nacional.
El análisis de las cifras revela una tendencia preocupante. Entre enero y junio de 2025, Bolivia importó un volumen de 1.337,8 millones de kilogramos de combustibles y lubricantes. Sin embargo, en el mismo periodo de 2026, esta cantidad descendió a 920,2 millones de kilogramos. Esta diferencia representa una reducción de 417,6 millones de kilogramos, lo que confirma el desplome del 31% en el volumen de productos que ingresan al país para satisfacer la demanda interna.
Esta contracción en el volumen se ha visto acompañada por una disminución en la inversión destinada a estas compras. El monto destinado a la adquisición de carburantes pasó de 1.357 millones de dólares a 1.203 millones de dólares, lo que supone una reducción del 11%. Lo que hace este dato particularmente alarmante es el contraste con el comportamiento general de las importaciones bolivianas. Durante el primer semestre, el país adquirió bienes del exterior por un valor de 4.739 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 2% en comparación con los primeros seis meses de 2025. Esto indica que, mientras el gasto en importaciones generales aumentó, el flujo de combustibles y lubricantes se redujo casi en un tercio.
La gravedad de esta situación radica en la naturaleza del producto. El diésel es el motor de la actividad productiva, esencial para el funcionamiento de tractores, camiones y maquinaria pesada, mientras que la gasolina es indispensable para millones de vehículos particulares. Cuando este flujo se interrumpe o disminuye, la consecuencia inmediata es la formación de filas kilométricas en los surtidores de todo el territorio nacional.
Desde el punto de vista financiero, la estatal YPFB enfrenta un desafío monumental para sostener el suministro. La petrolera requiere aproximadamente 90 millones de dólares semanales para importar combustible, lo que se traduce en una necesidad de 360 millones de dólares mensuales. Para dimensionar la presión diaria, la empresa necesita conseguir un promedio de 12 millones de dólares cada día para mantener las compras externas, considerando que importa mensualmente alrededor de 200 millones de litros de diésel, además de la gasolina.
Este flujo constante de pagos ha generado un desfase financiero considerable. YPFB mantiene una deuda confirmada con sus proveedores internacionales que supera los 800 millones de dólares. Al respecto, el presidente de la estatal, Sebastián Daroca, ha aclarado que este monto no debe considerarse una deuda convencional, sino una “deuda flotante”. Esto significa que se trata de combustible que ya ha sido recibido por el país, pero cuyo pago aún se encuentra dentro del plazo de hasta 120 días concedido por los proveedores. La estatal sostiene que está cumpliendo con estos compromisos financieros.
Otro factor agravante es la brecha de precios generada por la subvención. Según datos de YPFB, el costo de traer un litro de diésel al país es de aproximadamente 15 bolivianos; sin embargo, este se vende en el mercado interno a un precio de 9,80 bolivianos. Esta diferencia de unos 5 bolivianos por litro debe ser cubierta mediante la subvención estatal, lo que erosiona la capacidad financiera de la petrolera.
Ante este escenario, el Gobierno de Rodrigo Paz ha implementado el Decreto Supremo 5676, estableciendo un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para consumidores directos y grandes consumidores. El objetivo es acercar el precio pagado por los sectores de mayor consumo al costo real del producto y reducir la presión sobre YPFB. No obstante, la propia petrolera ha admitido que estos consumidores solo representan entre el 10% y el 15% del costo total de la subvención, por lo que la medida no resuelve el problema financiero de fondo.
Como estrategia complementaria, el Gobierno busca permitir una mayor participación de empresas privadas en la importación y comercialización de carburantes, con la intención de que una parte de la demanda deje de recaer exclusivamente sobre los hombros de YPFB. Mientras estas medidas normativas y ajustes financieros se implementan, la crisis se sigue reflejando en las calles, donde la incertidumbre de encontrar combustible continúa afectando la movilidad y la productividad del país.
