La cadena de televisión ABC, propiedad del conglomerado Disney, ha presentado una demanda formal ante un tribunal federal en Washington contra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La acción legal surge como respuesta a lo que la empresa describe como una serie de amenazas directas contra sus licencias de transmisión, las cuales son fundamentales para la operatividad de sus estaciones en el país.
En el documento presentado ante la justicia, ABC acusa formalmente a la administración del presidente Donald Trump de utilizar la FCC para ejecutar una "campaña de represalia". Según la demanda, el motivo detrás de estas acciones es una sola razón: el descontento del gobierno con los contenidos que la cadena transmite. La empresa sostiene que los ataques por parte de la administración se han intensificado con el tiempo, transformándose en exigencias explícitas para que se le retiren las licencias de transmisión a la cadena debido a su discurso periodístico y editorial.
El conflicto se ha agudizado recientemente debido a que, a principios de este año, la FCC solicitó a las estaciones de televisión propiedad de Disney que renovaran sus licencias de transmisión antes de la fecha prevista. Esta solicitud es vista por ABC como una maniobra irregular, ya que las licencias en cuestión no deberían haber sido renovadas sino hasta el año 2028. En la demanda, la cadena señala que la Comisión ha exigido una revisión de las licencias de sus ocho estaciones de manera extraordinariamente prematura.
Para ABC, este calendario acelerado no responde a una necesidad técnica o administrativa, sino que subraya el verdadero propósito de la FCC: coaccionar y tomar represalias contra una organización mediática que se ha negado a someterse a las exigencias del gobierno estadounidense. Ante lo que consideran una "amenaza existencial", Disney y ABC han solicitado al tribunal la emisión de una orden de restricción que impida a la FCC tomar cualquier medida contra dichas licencias.
La demanda enfatiza que el ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, está siendo vulnerado. La empresa afirma que no tiene otra opción que buscar reparación en el Poder Judicial frente a lo que describe como una flagrante represalia gubernamental.
Esta situación ha generado reacciones dentro de la propia FCC. Anna Gomez, la única comisionada designada por un presidente demócrata, manifestó su apoyo a la demanda, calificándola como un acto de resistencia frente a la "intimidación gubernamental". En un comunicado, Gomez denunció que la FCC ha llevado a cabo una campaña de censura y control contra las estaciones de ABC, utilizando la amenaza de revocación de licencias para castigar a la empresa por emitir discursos que resultan desagradables para la administración actual. Gomez subrayó que la Constitución no debe doblegarse a la conveniencia política y que la Primera Enmienda protege tanto las noticias como los comentarios, independientemente de que quienes ostentan el poder deseen lo contrario.
El contexto de esta disputa se enmarca en la relación hostil entre el presidente Trump y la cadena. El mandatario ha arremetido personalmente contra ABC en múltiples ocasiones, dirigiendo críticas especialmente hacia Jimmy Kimmel, el presentador de su programa nocturno. Trump ha sugerido repetidamente la revocación de licencias de transmisión de aquellas estaciones que, según su criterio, mantienen una postura "casi 100% negativa" hacia su persona.
Este enfrentamiento legal es parte de un patrón más amplio de litigios impulsados por el presidente republicano contra diversos medios de comunicación. Trump ha presentado varias demandas por difamación, incluyendo una contra ABC relacionada con declaraciones sobre una sentencia civil en un caso de agresión sexual. Asimismo, llevó a la cadena CBS ante los tribunales, acusándola de engañar a la audiencia al emitir fragmentos editados de una entrevista con la candidata demócrata Kamala Harris.
Ambos casos, los de ABC y CBS, concluyeron con acuerdos financieros en diciembre de 2024 y julio de 2025, respectivamente, donde los canales se comprometieron a pagar 15 millones y 16 millones de dólares. Actualmente, existen otros procesos en curso, como una demanda por 10.000 millones de dólares contra la BBC por una presunta edición engañosa de un discurso, y otra contra The Wall Street Journal referente a información sobre una carta enviada por Trump a Jeffrey Epstein.




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