El Ministerio de Hidrocarburos y Energías ha emitido un comunicado oficial con el objetivo de aclarar las dudas surgidas en torno al nuevo esquema de precios de los carburantes, específicamente en relación con el diésel. Esta precisión surge tras la implementación del Decreto Supremo 5676, el cual ha generado diversas interpretaciones sobre la continuidad del subsidio al combustible en el país.
De acuerdo con la información difundida por la entidad gubernamental, el precio subvencionado del diésel no ha desaparecido para el sector del transporte, sino que se ha modificado la condición necesaria para acceder a dicho beneficio. El Gobierno ha sido enfático al señalar que los vehículos que realicen la carga de combustible de manera directa en las estaciones de servicio continuarán pagando la tarifa subvencionada de Bs 9,80 por litro.
Esta categoría de precio preferencial abarca a una amplia gama de usuarios. Dentro de los beneficiarios se encuentran los vehículos de transporte público urbano, el transporte interprovincial y el transporte interdepartamental. Asimismo, el beneficio se extiende al transporte pesado, tanto en su modalidad nacional como internacional, y se mantiene vigente para todos los vehículos particulares que acudan a los surtidores.
Sin embargo, la normativa introduce una distinción crítica basada en la modalidad de adquisición del combustible. El punto de divergencia ocurre cuando el diésel no es adquirido directamente en el tanque del vehículo a través de un surtidor. Para aquellos casos donde se requieran compras de grandes volúmenes, el esquema de precios cambia significativamente.
Las empresas que adquieran diésel a gran escala para ser utilizado posteriormente en actividades de transporte, distribución o abastecimiento interno, deberán ajustarse a un precio de referencia de Bs 18 por litro. Esta medida también aplica para los denominados Grandes Consumidores (GRACOS), así como para los clientes directos y usuarios directos del combustible. El Ministerio subrayó que este monto de Bs 18 está sujeto a las actualizaciones que determine la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En términos prácticos, esto significa que un mismo sector económico puede enfrentar costos distintos dependiendo exclusivamente de cómo se abastezca de combustible. El comunicado ilustra esta situación con un ejemplo claro: un camión que se dirija a una estación de servicio y cargue el combustible directamente en su tanque mantendrá el acceso al precio subvencionado de Bs 9,80. No obstante, si una empresa compra cantidades masivas de diésel para abastecer sus propias operaciones logísticas o internas, perderá dicho beneficio y deberá pagar el precio de referencia.
El Gobierno ha justificado esta diferenciación como una medida estratégica para optimizar el uso de los recursos públicos. La intención fundamental es evitar que el combustible subvencionado, el cual está destinado estrictamente al consumo directo en surtidores, sea adquirido en grandes cantidades para luego ser trasladado, distribuido o desviado hacia otros usos que no correspondan al fin original del subsidio.
Para reforzar este control, el comunicado establece restricciones estrictas. Las empresas que estén comprendidas dentro del esquema de pago de Bs 18 tienen prohibido acceder al combustible subvencionado con el propósito de trasladarlo posteriormente a sus instalaciones. De igual manera, no podrán utilizar el precio subvencionado para realizar el cargado directo en los tanques de vehículos de transporte público o particular si forman parte de este grupo de consumidores directos.
Con estas precisiones, el Estado busca delimitar el alcance del subsidio basándose en la modalidad de compra y el destino inmediato del producto, intentando cerrar los espacios que permitían el desvío de carburantes.
La medida ha provocado las primeras reacciones de diversos sectores productivos. Desde la Cámara Industrial, Comercial, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), se ha manifestado una postura crítica respecto a la disponibilidad del combustible, afirmando que "no existe diésel más caro que el que no hay".
Por otro lado, el sector de los auríferos ha expresado un rechazo tajante al precio de Bs 18 para los grandes consumidores, calificando el incremento como "abismal". Ante este escenario, los representantes de la minería aurífera han exigido una reunión urgente con el Gobierno para discutir el impacto de esta medida en sus actividades económicas.
