El Ministerio Público ha procedido a la imputación formal de una exfuncionaria del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, identificada con las iniciales D.S., bajo el presunto delito de usurpación de funciones. Esta determinación judicial surge tras las denuncias y el seguimiento realizado por la actual administración municipal sobre irregularidades financieras detectadas en gestiones pasadas.
La exfuncionaria en cuestión se desempeñaba como secretaria municipal de Administración y Finanzas durante la gestión del exalcalde Jhonny Fernández. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el núcleo de la acusación radica en que D.S. habría autorizado el desembolso de pagos que superan los 41 millones de bolivianos. El agravante fundamental de este caso es que dichas autorizaciones habrían sido emitidas en un periodo en el cual la exsecretaria ya no ejercía funciones oficiales dentro de la comuna cruceña.
Alberto Vaca, director municipal de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, fue el encargado de informar sobre el avance de este proceso legal. El funcionario destacó que la acción penal es una respuesta a los hallazgos que sugieren que la implicada continuó operando administrativamente y disponiendo de recursos públicos a pesar de haber dejado su cargo.
Ante la gravedad de los hechos, Vaca sostuvo que el Gobierno Municipal solicitará la detención preventiva de la imputada. Esta solicitud se fundamenta en la existencia de suficientes indicios y elementos probatorios que, según la autoridad, permiten demostrar una probable autoría en la comisión del delito de usurpación de funciones. Para la administración municipal, la medida cautelar es necesaria para asegurar el proceso investigativo.
Uno de los objetivos primordiales de la actual etapa procesal es establecer con precisión el destino final de los recursos económicos involucrados. El municipio busca determinar si los más de 41 millones de bolivianos fueron destinados a fines legítimos o si, por el contrario, existió un desvío de fondos públicos hacia terceros o beneficiarios irregulares.
Para lograr este esclarecimiento, el director de Transparencia indicó que aún resta el cumplimiento de diversos actos investigativos fundamentales. Entre las diligencias programadas se encuentra la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad de las dependencias municipales, la realización de inspecciones oculares en las oficinas correspondientes y la toma de declaraciones a testigos clave que puedan aportar luz sobre cómo se procesaron estos pagos sin la titularidad del cargo.
Vaca explicó detalladamente que el rumbo de la investigación podría cambiar o ampliarse dependiendo de los resultados que arrojen estas diligencias. Si bien en este momento la imputación fiscal se limita estrictamente al delito de usurpación de funciones, la autoridad municipal dejó abierta la posibilidad de que, al descubrirse nuevas evidencias sobre el manejo del dinero, la investigación se extienda a otros posibles delitos tipificados en el código penal boliviano.
Este caso se enmarca en una estrategia más amplia de la actual gestión municipal para combatir la corrupción y sanear las finanzas públicas. El director de Transparencia señaló que el objetivo final de estas acciones es recuperar la confianza de la población cruceña, la cual se ha visto afectada por presuntos actos de corrupción en administraciones anteriores.
Finalmente, Alberto Vaca enfatizó que el trabajo para extirpar definitivamente los hechos de corrupción dentro de la alcaldía está avanzando por el camino correcto. La administración municipal ha reiterado su compromiso de llevar adelante todas las investigaciones necesarias para que se determine la responsabilidad penal y civil de quienes hayan vulnerado la normativa administrativa y dispuesto del patrimonio municipal de manera irregular.
