Desde el confinamiento del penal federal del Altiplano, Hernán ‘N’, quien se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, ha roto el silencio para rechazar categóricamente las acusaciones que lo señalan como el presunto líder fundador del grupo criminal conocido como "La Barredora". A través de una carta dirigida a la opinión pública, el exfuncionario se declaró inocente y denunció ser víctima de una estrategia de persecución tanto política como mediática.
El documento, que tiene fecha del 3 de agosto de 2026 y que fue difundido este miércoles a través de diversos medios de comunicación, constituye la primera respuesta pública del imputado frente a los cargos que enfrenta. En el texto, Hernán ‘N’ hace un llamado urgente a que su proceso judicial se conduzca bajo los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad procesal, exigiendo que se respeten sus garantías individuales durante el desarrollo de las investigaciones.
La trayectoria jurídica de Hernán ‘N’ en México tomó un giro crítico en septiembre de 2025, mes en el que fue detenido en Paraguay. Tras su captura en territorio sudamericano, fue trasladado a México para enfrentar los cargos imputados por las autoridades. El Estado mexicano lo identifica como el presunto líder de "La Barredora", organización delictiva que se encuentra vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se le acusa de haber cometido diversos delitos mientras estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, cargo que ocupó durante la administración del Gobierno de Adán Augusto López Hernández.
En su misiva, el exfuncionario, quien tiene 73 años de edad, dedicó una parte considerable del texto a reivindicar su hoja de vida profesional. Destacó que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en los sectores público y privado, subrayando que su experiencia incluye la colaboración en los gobiernos de seis mandatarios tabasqueños diferentes. Según sus propias palabras, su desempeño en el cargo jamás fue fruto de la improvisación, sino que siempre estuvo sujeto al orden legal y a una coordinación institucional estrecha con las fuerzas federales, lo cual quedó reflejado en las mesas de seguridad.
Además de los cargos penales, Hernán ‘N’ expresó su malestar por el tratamiento recibido en la prensa. Aseguró que, desde su detención en septiembre de 2025, su imagen y su reputación han sido "atropelladas" por algunos medios de comunicación. El exsecretario afirmó que estas coberturas han vulnerado su presunción de inocencia y han afectado el debido proceso, razón por la cual anunció que ejercerá su derecho de réplica para limpiar su nombre.
Uno de los puntos más críticos de su defensa se centra en la construcción de las pruebas en su contra. El presunto líder de "La Barredora" cuestionó la validez de algunas de las acusaciones, advirtiendo que podrían existir decisiones judiciales fabricadas por terceros que habrían recibido beneficios procesales a cambio de brindar testimonios carentes de sustento. En este sentido, enfatizó que la carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa, y que dicha carga debe cumplirse mediante elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos, pues sin estas pruebas indispensables no puede existir un delito.
Curiosamente, Hernán ‘N’ vinculó estos principios jurídicos con declaraciones que han sido realizadas en diversas ocasiones por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Al hacer esto, el exfuncionario busca alinear su demanda de justicia con la narrativa oficial del Ejecutivo Federal sobre la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
La situación legal de Hernán ‘N’ es compleja. Para junio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Tabasco ya había solicitado una condena de 154 años de prisión, basada en cargos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. A esto se suma que, en marzo, se cumplimentó una nueva orden de aprehensión relacionada con la desaparición forzada de personas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigente otra orden por delincuencia organizada.
A pesar de la gravedad de las imputaciones y la magnitud de la pena solicitada, el exsecretario manifestó confiar plenamente en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación. Solicitó que el juicio legal no sea sustituido por una campaña de persecución política o mediática. Finalmente, cerró su carta con una máxima jurídica, asegurando que es preferible tener a cien culpables en la calle que a un inocente en la cárcel, reafirmando que él es inocente porque nunca participó en los hechos que se le imputan.




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