Robert Silva exige al Gobierno intervenir en el Puerto de Montevideo ante crisis gremial

El senador por el Partido Colorado, Robert Silva, ha tomado una postura firme y crítica frente a la persistente inestabilidad operativa que atraviesa el puerto de Montevideo. En una acción legislativa contundente, el parlamentario convocó de manera "grave y urgente" a diversas autoridades del Poder Ejecutivo y organismos estatales para que rindan cuentas ante el Parlamento sobre el conflicto que afecta a la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

La convocatoria de Silva está dirigida específicamente al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y a los integrantes del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP). El objetivo del legislador es que estas autoridades brinden explicaciones detalladas sobre la situación de conflicto y las medidas que se están tomando para resolver la crisis en el principal nodo logístico del país.

Para el senador colorado, las interrupciones operativas en la TCP han superado cualquier límite tolerable, lo que justifica una intervención más activa del Estado. Silva instó al gobierno a emplear todos los mecanismos legales y administrativos a su alcance para garantizar la operatividad portuaria. "El gobierno lo que tiene que hacer es asegurar que el puerto funcione. El gobierno sabrá de qué manera, por ejemplo, con guardias gremiales, con actividades esenciales que el puerto tiene", afirmó el legislador en declaraciones brindadas a El Observador.

La preocupación de Silva no se limita a la gestión administrativa, sino que advierte sobre un impacto sistémico en la economía nacional. Según el senador, el conflicto portuario está afectando al país en su conjunto, perjudicando el sector productivo y poniendo en riesgo el empleo de miles de personas, ya sea de forma directa o indirecta. Para respaldar su postura, el legislador recordó que el año pasado ya se habían perdido 300 horas de operatividad debido a disputas gremiales, y señaló que, en el periodo actual, ya se contabilizan 25 días de paralizaciones. Ante este escenario, enfatizó que el gobierno no puede resignarse a que la situación continúe sin una solución definitiva.

Uno de los puntos más críticos planteados por Robert Silva es la existencia de una "clara contradicción" en la estrategia gubernamental. El senador señaló que, mientras el Ejecutivo impulsa la aprobación de un Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, simultáneamente permite que la "boca de entrada y salida del Uruguay" se encuentre frenada y, en sus propias palabras, "amedrentada y siendo rehén del radicalismo del sindicato".

El conflicto ha estado marcado por un choque de versiones entre la empresa Katoen Natie, accionista mayoritaria de la TCP, y el sindicato de trabajadores. Silva abordó este punto revelando que los representantes del Estado designados en la TCP confirmaron los planteos de la compañía privada durante una sesión de la Comisión de Asuntos Laborales. El legislador relató que, al consultar a los directores del gobierno si las afirmaciones de la empresa eran ciertas, estos coincidieron en que el sindicato estaba mintiendo sobre sus pretensiones.

Según la versión respaldada por los directores estatales y la empresa, el gremio estaría exigiendo una base de 50 mil pesos para iniciar las negociaciones, además de solicitar un incremento en la cantidad de jornales asegurados, a pesar de existir ya un sobrelaudo que oscila entre el 30% y el 60% dependiendo del puesto de trabajo. Para Silva, esto demuestra que el sindicato lleva adelante una política de entorpecimiento deliberado.

El detonante más reciente de la crisis fue la ruptura de una tregua pactada a mediados de julio entre Katoen Natie y los trabajadores. Esta ruptura derivó en la suspensión de la atención a camiones durante un fin de semana completo para la realización de asambleas gremiales. La negociación se estancó cuando el sindicato decidió sumar nuevas exigencias a sus reclamos originales —los cuales ya incluían elevar los jornales mínimos garantizados de 13 a 25 y el pago de partidas extraordinarias—.

La nueva demanda del gremio consiste en la reducción de la jornada laboral sin que esto implique una pérdida salarial. Este pedido busca replicar el acuerdo alcanzado recientemente entre el sindicato de la construcción (Sunca) y las cámaras empresariales, el cual prevé una reducción gradual de la jornada (una hora por año a partir de 2027), pasando de 44 a 40 horas semanales. Sin embargo, desde la TCP rechazaron la aplicación automática de este modelo, argumentando que los términos de un convenio bipartito de otro sector no pueden imponerse automáticamente en una negociación colectiva diferente.

Finalmente, el senador Silva cuestionó duramente la actitud del sindicato al reabrir exigencias justo cuando se vislumbraba un entendimiento. El legislador fue tajante al afirmar que, cada vez que las partes se acercan a un posible acuerdo, el sindicato "dinamita la posibilidad de acuerdo", prolongando la incertidumbre y el perjuicio económico para el país.