Diputada Sigrid Segura cuestiona secretismo gubernamental y alerta sobre posible vigilancia ciudadana

Durante una reciente sesión en el Plenario, la diputada del Frente Amplio (FA), Sigrid Segura, llevó a cabo una enérgica intervención en la que cuestionó las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a la clasificación de información como secreta. La legisladora centró su crítica en la reserva impuesta a datos sensibles relacionados con los organismos de seguridad del Estado, abarcando aspectos críticos como gastos, presupuestos, expedientes administrativos, ofertas, adjudicaciones y contratos.

Según expuso la diputada Segura en su espacio de control político, esta determinación del Gobierno de restringir el acceso a dicha información genera serias dudas sobre la naturaleza de los datos que se buscan mantener bajo reserva. La legisladora vinculó directamente esta falta de transparencia con los riesgos actuales que enfrenta el país, señalando específicamente la posibilidad de que exista una infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones públicas.

En un tono inquisitivo, Segura lanzó preguntas directas sobre las motivaciones detrás del secretismo oficial. "¿Qué tanto esconde? ¿Será que hay más policías infiltrados por el narco?", cuestionó la diputada este miércoles ante sus colegas y las autoridades presentes, sugiriendo que la opacidad en los contratos y expedientes de seguridad podría estar encubriendo situaciones comprometedoras relacionadas con el narcotráfico.

Además de la preocupación por la infiltración criminal, la diputada planteó interrogantes sobre la posible adquisición y uso de tecnologías avanzadas de vigilancia destinadas al monitoreo de la ciudadanía. Para ilustrar este riesgo, Segura mencionó el software Pegasus, una herramienta ampliamente conocida por sus capacidades de espionaje en dispositivos electrónicos.

Es importante precisar que la legisladora no presentó pruebas ni evidencias concretas de que el Gobierno de Costa Rica haya adquirido o esté utilizando el programa Pegasus. La referencia al software fue planteada estrictamente como un ejemplo de las tecnologías de vigilancia existentes que, a juicio de la diputada, podrían representar una amenaza significativa para la privacidad de las personas y para las libertades públicas en general.

Segura detalló que herramientas de espionaje con capacidades similares a las de Pegasus pueden, dependiendo de su configuración y potencia, permitir el acceso no autorizado a información privada almacenada en teléfonos celulares. Entre los datos que podrían ser comprometidos, mencionó las conversaciones personales, fotografías, listas de contactos, la ubicación en tiempo real y otros datos personales sensibles.

La diputada desarrolló un escenario hipotético para subrayar el peligro de estas herramientas: planteó que una persona que posea información crucial sobre un caso de corrupción podría almacenar dichos datos en su dispositivo móvil, y que esa información podría ser obtenida por el Gobierno mediante el uso de herramientas de vigilancia electrónica.

Esta situación llevó a la legisladora a formular una crítica sobre la asimetría de la información entre el Estado y los ciudadanos. "Pareciera que el Gobierno quiere tener toda la información sobre la gente, pero no quiere que la gente sepa nada del Gobierno", afirmó Segura, subrayando la contradicción entre la reserva de los datos públicos y la posible vigilancia de la vida privada.

En el cierre de su intervención, Segura contextualizó sus preocupaciones dentro del marco actual del país, el cual enfrenta un incremento en las actividades del crimen organizado. Asimismo, advirtió que el uso de nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, plantea desafíos adicionales que deben ser gestionados con cautela y transparencia.

Finalmente, la diputada del Frente Amplio hizo un llamado urgente a incrementar los niveles de transparencia en la administración pública y cuestionó nuevamente las decisiones del Gobierno en materia de acceso a la información, insistiendo en que la seguridad nacional no debe ser una excusa para limitar el derecho ciudadano a saber cómo se gestionan los recursos y los contratos de los organismos de seguridad.