La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente el inicio de los trámites necesarios para la extradición de cuatro de los siete sospechosos implicados en el asesinato del político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta petición se ha realizado bajo la condición de que la autoridad judicial competente decida, posteriormente, llamar a juicio a los procesados por este crimen.
El requerimiento fue presentado este sábado 8 de agosto de 2026, minutos antes de las 17:00, durante la audiencia preparatoria de juicio. La agente fiscal Ana Hidalgo, quien es la encargada de liderar la investigación sobre el homicidio de Villavicencio, procedió a la lectura de su dictamen acusatorio ante el juez Giovanny Freire, titular de la Unidad Judicial Penal de Pichincha.
Dentro del marco legal de la acusación, la fiscal Hidalgo señaló a siete personas como autores mediatos del asesinato. El sustento jurídico de esta imputación se basa en el delito tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), específicamente en sus numerales 9 y 10. Debido a esta calificación legal, la Fiscalía no solo solicitó que se llame a juicio a los involucrados, sino que también pidió la aplicación de medidas cautelares estrictas para asegurar el proceso.
El crimen, que ocurrió el 9 de agosto de 2023 bajo la modalidad de sicariato, ha llevado a la investigación de figuras clave de grupos delictivos y exfuncionarios. Entre los acusados se encuentran cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos, específicamente Esteban Aguilar, conocido como alias Lobo Menor, y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis. Junto a ellos figura Daniel Salcedo, quien ya cuenta con sentencias previas en otros casos relacionados con la corrupción. Estos tres individuos se encuentran actualmente privados de su libertad en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. Para este grupo de sospechosos, la agente Hidalgo solicitó que se ratifiquen las medidas de prisión preventiva.
Por otro lado, la Fiscalía puso el foco en cuatro sospechosos que no se encuentran en territorio ecuatoriano. Se trata de José Serrano, quien se desempeñó como ministro del Gobierno durante el mandato de Rafael Correa; Xavier Jordán, quien también aparece vinculado en el caso Metástasis; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; y Wilmer Chavarría, conocido como alias Pipo y señalado como cabecilla de Los Lobos.
Ante la ausencia de estas personas, la fiscal Ana Hidalgo solicitó al magistrado que se los declare formalmente como prófugos de la justicia. Simultáneamente, pidió la emisión de una difusión roja a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) con el objetivo de localizar sus paraderos y proceder con su captura.
No obstante, basándose en información pública que detalla la ubicación actual de estos cuatro individuos, la Fiscalía solicitó que se inicien los procesos de extradición. De acuerdo con la solicitud, José Serrano y Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos; Ronny Aleaga estaría ubicado en Venezuela, y Wilmer Chavarría se hallaría en España. Es fundamental recalcar que el inicio de estos trámites de extradición queda supeditado a la decisión del juez Freire de llamar a juicio a los acusados por el asesinato del exaspirante presidencial.
Tras la exposición detallada de la agente fiscal, el magistrado Giovanny Freire decidió suspender la diligencia. Se ha dispuesto que la audiencia se reinstale este domingo, jornada en la que se prevé escuchar los argumentos de los abogados de los acusadores particulares. Posteriormente, se concederá la palabra a los abogados defensores de los procesados. Una vez concluidas estas etapas, el magistrado emitirá su resolución final para determinar si llama a juicio a los siete sospechosos involucrados en este caso.
