El Gobierno Nacional ha endurecido su postura frente al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para este lunes 3 de agosto. En las vísperas de la medida de fuerza, el Ejecutivo reiteró que llevará a cabo una fiscalización rigurosa para asegurar que se cumpla con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% en la prestación habitual de los servicios escolares. Esta exigencia se fundamenta en la aplicación de la Ley 27.802, la cual establece formalmente que la educación es considerada un servicio esencial.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó sobre estas medidas tras una reunión del Consejo Federal de Educación. En dicho encuentro, el Comité Ejecutivo ampliado, presidido por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, se reunió específicamente con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado en la normativa vigente. Pettovello subrayó que la educación, al ser consagrada como un servicio esencial por la Ley 27.802, requiere una garantía de continuidad que no puede ser ignorada durante las medidas gremiales.
La convocatoria de CTERA para este lunes 3 de agosto coincide con una fecha crítica para el calendario escolar, ya que es el día previsto para el reinicio de las actividades educativas luego del receso por las vacaciones de invierno, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires y otros diversos distritos del territorio nacional.
En relación con la operatividad de la medida, la funcionaria nacional ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. El mensaje oficial destacó que el Poder Ejecutivo Nacional posee la potestad de supervisar el cumplimiento de este porcentaje debido a que se trata de una medida de fuerza de carácter nacional. Según el Gobierno, esta disposición busca resguardar el derecho fundamental de los estudiantes a aprender y, simultáneamente, brindar previsibilidad a las familias argentinas frente a la jornada de paro.
Para clarificar el alcance de esta medida, el Gobierno ejemplificó que en un establecimiento educativo que cuente con 100 docentes, deberán estar presentes al menos 75 para dar cumplimiento a la ley. Es importante señalar una distinción administrativa y política en este conflicto: mientras que el Ministerio de Capital Humano se encargará de velar por el cumplimiento de la ley laboral y la prestación del servicio, el reclamo salarial de los docentes está dirigido a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a que el Consejo Federal de Educación, integrado por todos los distritos, es el organismo donde se determinan estas cuestiones, y no directamente la Nación en términos de pago salarial.
La ministra Pettovello ya había alertado previamente, mediante un comunicado, que se llevarán a cabo inspecciones muestrales en escuelas de todo el país. Estas auditorías tienen como fin verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el porcentaje mínimo de servicio. El escrito oficial fue tajante al señalar que, en los casos donde se verifique el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones que resulten pertinentes.
Por su parte, la medida de CTERA no se desarrollará de forma aislada. El gremio docente ha decidido hacer coincidir su jornada de protesta con la de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este segundo sindicato ya había convocado a una jornada de protesta que incluye una movilización hacia el Ministerio de Economía para el mismo lunes, con el objetivo de exigir aumentos salariales y denunciar lo que describen como un vaciamiento del Estado.
Desde CTERA justificaron la decisión de ir al paro basándose en la "permanente negativa" del Gobierno Nacional de convocar a la Paritaria Nacional Docente. El gremio sostiene que esta omisión representa un incumplimiento de la legislación vigente y un desconocimiento de un ámbito que consideran fundamental para discutir no solo los salarios, sino también las condiciones laborales, la formación docente y la inversión educativa en el país.
