En un operativo coordinado entre las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, la Policía Nacional de Ecuador logró desmantelar una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes. Las intervenciones, que tuvieron lugar en las provincias de Guayas y Bolívar, resultaron en la detención de tres ciudadanos ecuatorianos presuntamente implicados en una red que trasladaba personas, incluyendo niños y adolescentes, hacia los Estados Unidos a cambio de sumas económicas exorbitantes.
La operación, denominada formalmente como “Fénix 335”, fue ejecutada el pasado 30 de junio de 2026, iniciando las incursiones a las 23h50. Esta acción fue liderada por la Dirección Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional, específicamente a través de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNAT). Para garantizar el éxito de las detenciones, se contó con el apoyo fundamental de la Fiscalía General del Estado y una estrecha coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos de América.
Según las investigaciones previas realizadas por las autoridades, la organización criminal operaba mediante la oferta de rutas irregulares hacia territorio estadounidense. Los costos impuestos a las víctimas eran sumamente elevados, oscilando entre los 19.000 y 20.000 dólares por persona. Esta estructura no solo lucraba con la desesperación de quienes buscaban migrar, sino que coordinaba el traslado a través de diversos países, exponiendo a los migrantes a situaciones de altísimo riesgo.
El modus operandi de la red incluía la conducción de las personas por trayectos clandestinos, el contacto con otras redes criminales en el camino y el uso de documentación presuntamente fraudulenta para evadir los controles migratorios. Estas prácticas derivaron en consecuencias devastadoras para los usuarios del servicio, quienes enfrentaron el abandono en zonas peligrosas y la separación forzosa de sus núcleos familiares.
Uno de los aspectos más alarmantes revelados por la investigación es la captación de menores de edad. Entre las víctimas se encuentran niños y adolescentes ecuatorianos. El reporte oficial indica que algunos de estos menores fueron retenidos en el estado de Jalisco, México, luego de que se detectara que portaban documentación falsa. Este incidente provocó la separación de los menores de sus acompañantes, lo que obligó a las autoridades mexicanas a activar los protocolos de protección correspondientes para garantizar la seguridad de los niños.
La vulnerabilidad de los migrantes alcanzó su punto más crítico en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Las investigaciones señalan que ocho víctimas, entre las cuales se encontraban dos menores de edad, fueron abandonadas en dicha zona. Estas personas quedaron en una condición de extrema vulnerabilidad y riesgo, desprotegidas y sin los medios necesarios para sobrevivir o continuar su trayecto, evidenciando la crueldad de la estructura criminal.
Las intervenciones operativas se concentraron en las ciudades de Guayaquil, en la provincia de Guayas, y Guaranda, en la provincia de Bolívar. Como resultado de estos allanamientos y detenciones, tres ciudadanos ecuatorianos quedaron bajo custodia policial:
En primer lugar, Véliz C., de 39 años, quien al momento de su detención no registraba antecedentes penales ni procesos judiciales vigentes. En segundo lugar, Rodríguez Y., también de 39 años, quien presenta la misma situación jurídica, sin registros previos de delitos. Finalmente, fue detenido Vargas G., de 57 años, quien, a diferencia de los otros dos implicados, ya contaba con una boleta de captura vigente por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Este operativo subraya la complejidad de las redes de tráfico humano que operan en la región y la necesidad de la cooperación internacional para combatir delitos que vulneran los derechos humanos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores de edad expuestos a peligros extremos en rutas migratorias irregulares.
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