Cinco dirigentes pertenecientes a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron privados de su libertad durante la jornada del domingo en la ciudad de El Alto. La organización sindical ha denunciado públicamente que estas detenciones se produjeron mediante un operativo irregular, el cual habría sido ejecutado por agentes armados que no portaban uniformes oficiales.
De acuerdo con los reportes emitidos por fuentes cercanas a la dirigencia obrera, los líderes sindicales fueron interceptados por efectivos que operaban con indumentaria civil y portaban armas de fuego. Los testimonios de los afectados indican que el procedimiento incluyó el uso de gases lacrimógenos disparados contra el vehículo en el que se trasladaban los dirigentes, lo que incrementó la tensión durante el operativo.
La intervención tuvo lugar en puntos estratégicos de la ciudad, destacando el Cruce Villa Adela como una de las zonas clave donde se concretó la acción. A través de videos difundidos posteriormente en diversas redes sociales, se pudo observar la naturaleza de la intervención, la cual, según la dirigencia sindical, puso en serio riesgo la integridad física de los líderes detenidos en el momento de su captura.
Los cinco dirigentes capturados forman parte del Comité Ejecutivo de la COB y representan a diversos sectores productivos y sociales del país. Entre los detenidos se encuentran Limber Onofre Sánchez, representante del sector constructor; Patricia Sanchez Ramos, del Magisterio urbano; Hever Gonzalo Bravo Tacuari, del sector fabril; Sergio David Onofre Arispe, del sector universitario; y Evelio Ramos Chacaca, representante del sector minero.
Este incidente se desarrolla en un contexto de alta tensión social y política en Bolivia. Los líderes de la COB han sido enfáticos al exigir el cese inmediato de cualquier forma de persecución sindical, calificando estas acciones como parte de una política sistemática de represión dirigida contra los movimientos obreros del país.
A nivel nacional, el escenario político está marcado por el intenso debate sobre la implementación de estados de excepción. Esta controversia surgió tras la promulgación de la Ley 1740 por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira. Dicha normativa regula los estados de excepción y otorga al Gobierno la facultad legal de declararlos ante situaciones de amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales. El anuncio de esta herramienta legal se produjo en un periodo caracterizado por protestas sociales y bloqueos de carreteras en diversas regiones.
Los sindicatos obreros han manifestado una profunda preocupación ante lo que perciben como una escalada de medidas coercitivas por parte del Gobierno central. Para las organizaciones sindicales, la detención de sus líderes no es un hecho aislado, sino que se suma a otros incidentes recientes. Entre ellos, destacan los ataques reportados el sábado pasado en San Julián, donde se informó sobre la intervención de pobladores por parte de efectivos policiales y grupos paramilitares.
Asimismo, la COB recordó que el pasado miércoles fue detenido Justino Apaza, líder de la Federación de juntas Vecinales de El Alto. Apaza fue capturado bajo acusaciones de presuntos delitos vinculados a la organización de bloqueos. Esta sucesión de detenciones y operativos ha llevado a las fuentes sindicales a denunciar que el país atraviesa un clima de «estado de sitio de facto».
Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido ningún comunicado oficial que detalle las razones legales de la detención de los cinco dirigentes de la COB, ni han desmentido las circunstancias irregulares bajo las cuales se desarrolló el operativo en El Alto.
Como hecho relevante posterior a las detenciones, se informó que el vicepresidente Edmand Lara visitó a los dirigentes detenidos durante la noche del domingo, aunque no se han proporcionado detalles sobre los resultados de dicho encuentro o si existieron acuerdos para su liberación.
