El Gobierno de Bolivia ha sufrido un duro golpe en su estructura ministerial este martes, tras confirmarse las renuncias de los ministros de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas. Estas dimisiones se producen en un contexto de extrema tensión política, marcado por una serie de protestas y bloqueos de carreteras que se han extendido durante las últimas cinco semanas en diversos puntos del país.
Las movilizaciones, encabezadas por sectores campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales, tienen como objetivo principal exigir la dimisión inmediata del actual presidente, Rodrigo Paz. La salida de los dos ministros ocurre mientras la presión social sobre el Ejecutivo continúa en aumento, evidenciando el desgaste de la administración gubernamental frente a las demandas de los manifestantes.
En cuanto a la formalización de estas salidas, la oficina de comunicación del Ministerio de Educación emitió un breve comunicado informando la renuncia de Beatriz García. Por su parte, la dimisión de Marcelo Salinas fue confirmada por una fuente interna de la cartera de Defensa a la agencia EFE. En ninguno de los dos casos se han proporcionado detalles exhaustivos sobre las causas específicas que motivaron las renuncias, aunque el entorno de inestabilidad social es el factor predominante.
En un intento por destrabar el conflicto, la ministra Beatriz García había participado, junto al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en dos reuniones de mediación. Estas mesas de diálogo fueron promovidas por una comisión compuesta por representantes del Legislativo, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y diversos activistas de derechos humanos. A pesar de estos esfuerzos institucionales, los sectores en conflicto decidieron no asistir a los encuentros, manteniendo su postura de no dialogar con el Gobierno.
Respecto al vacío dejado en la cartera de Defensa, diversos medios de comunicación locales han reportado que el cargo podría ser asumido por Ernesto Justiniano, quien actualmente se desempeña como zar antidrogas. No obstante, es importante señalar que esta designación aún no ha sido confirmada oficialmente por el Palacio de Gobierno.
El impacto geográfico de las protestas ha sido severo, siendo las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro las más afectadas por los cortes de vías. Los bloqueos son ejecutados principalmente por sindicatos de campesinos del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y los simpatizantes de Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019.
El costo humano de esta crisis es alarmante. Hasta el momento, se ha reportado la muerte de nueve personas. De manera trágica, seis de estos fallecimientos se produjeron porque los afectados no pudieron recibir asistencia médica oportuna, debido a que los bloqueos de carreteras impidieron el traslado de los pacientes a los centros de salud.
En el ámbito económico, la situación es igualmente crítica. El sector empresarial ha realizado cálculos que estiman pérdidas superiores a los 1.900 millones de dólares a causa de los cortes en las carreteras. Estas cifras agravan una crisis económica que el país ya venía atravesando desde el año 2023.
El Gobierno intentó mitigar el desabastecimiento mediante la apertura de "corredores humanitarios" en dos ocasiones, buscando permitir el paso de alimentos e insumos básicos hacia las ciudades bloqueadas. Sin embargo, estas operaciones, que contaron con el despliegue de policías y militares, terminaron en enfrentamientos violentos y disturbios con los manifestantes. Tras estos incidentes, el Ejecutivo ha desistido de realizar nuevos intentos por desbloquear las rutas.
Ante la falta de consenso, se ha planteado la aplicación de un estado de excepción "sectorializado" como una alternativa para recuperar el orden. No obstante, el Gobierno ha sido enfático en señalar que esta medida representa su "última opción".
En el plano político, algunos sectores han sugerido adelantar un referéndum revocatorio para que la ciudadanía decida sobre la permanencia en sus cargos del presidente Rodrigo Paz, los parlamentarios y el vicepresidente Edmand Lara. Esta propuesta fue rechazada tajantemente por el vicepresidente Lara, quien calificó la iniciativa de "anticonstitucional".
Mientras tanto, los movilizados han ratificado su postura irreductible: no habrá diálogo hasta que se cumpla la exigencia de la renuncia del presidente Paz.
