Lo que inició como un procedimiento estético rutinario terminó en un complejo caso criminal que involucró una persecución binacional entre Colombia y Venezuela. El 13 de mayo de 2026, Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, acudió al centro estético clandestino denominado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. El establecimiento era propiedad de María Fernanda Delgado, una ciudadana venezolana de 30 años.
Toloza ingresó a las instalaciones con el objetivo de someterse a una lipólisis láser. Sin embargo, la intervención estuvo marcada por una grave mala praxis. La gravedad de la situación se hizo pública cuando se difundió un vídeo en el que la paciente aparecía pálida y desorientada, lo que encendió las alarmas de sus familiares y del entorno digital. A partir de ese momento, la familia de Toloza inició un calvario para localizarla, ya que los encargados del centro estético desaparecieron junto con la víctima, dificultando cualquier intento de obtener información sobre su paradero.
A pesar de la intervención inmediata de la Policía en el centro estético, no se hallaron datos precisos sobre el rumbo tomado por los responsables y la paciente. Mientras el caso se viralizaba en diversos portales informativos, la investigación dio un giro crucial el lunes 18 de mayo, cuando la Policía Metropolitana de Cúcuta localizó un vehículo Chevrolet Sonic gris ceniza, con placas UCQ-340, en el garaje de una residencia en el municipio de Los Patios, Norte de Santander.
Según las investigaciones, este automóvil fue utilizado por María Fernanda Delgado, su pareja Edixon Torres, de 40 años, y el médico cirujano Eduardo Ramos, de 34 años, para trasladar el cuerpo de Yulixa Toloza, abandonarlo y posteriormente huir hacia la frontera colombo-venezolana. Ante este hallazgo, las autoridades de Colombia coordinaron acciones con Venezuela para la aprehensión de los tres prófugos, quienes, dada su nacionalidad, se habían refugiado en territorio venezolano.
En el marco de este operativo, fueron capturados primero Jesús Alberto Hernández y Kelvin Sequera en Colombia. Estos hombres habían sido contratados por la pareja de Delgado y Torres, mediante el pago de 800.000 pesos, para cruzar la frontera desde Venezuela hacia Cúcuta con el fin de ubicar y desaparecer el vehículo Chevrolet Sonic, eliminando así las evidencias del crimen. La Fiscalía de Colombia reveló que Delgado había instruido a Hernández vía mensaje para que utilizaran tapabocas y evitar ser detectados. Ambos fueron detenidos el 17 de mayo y enviados a un recinto carcelario, donde enfrentan cargos por favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, aunque no han aceptado los cargos.
La persecución culminó con la detención de los principales sospechosos en Venezuela. La noche del 19 de mayo, la Policía de Portuguesa aprehendió a Delgado y Torres en la parroquia Quebrada Virgen de Coromoto, en el municipio Guanare, mientras se encontraban con sus hijos menores y la madre de Delgado. Simultáneamente, en el estado Aragua, fue capturado Eduardo Ramos en una finca. Aunque inicialmente se había reportado que Ramos era barbero, se confirmó que es médico cirujano y fue quien realizó la intervención quirúrgica a la víctima.
Paralelamente a las capturas, las autoridades colombianas localizaron un cadáver en una vía pública de Apulo, Cundinamarca. El 20 de mayo, Medicina Legal confirmó que el cuerpo correspondía a Yulixa Toloza.
En el ámbito judicial venezolano, Delgado y Torres fueron presentados el jueves 21 de mayo ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare. Debido a que el expediente contaba únicamente con una alerta azul de Interpol, la fiscalía primera de Guanare los imputó por el delito de resistencia a la autoridad. La jueza dictó una medida de aseguramiento judicial por 60 días en la sede del Servicio de Investigación Penal de la Policía de Portuguesa, mientras se procesa la solicitud de extradición pasiva realizada por Colombia.
El proceso de extradición de Ramos, Delgado y Torres podría enfrentar complicaciones legales, ya que la legislación venezolana generalmente no permite la extradición de sus connacionales. En Colombia, los implicados deberán responder por delitos graves que incluyen desaparición forzada, secuestro simple, homicidio, omisión de socorro, destrucción de material probatorio y encubrimiento.
