Elías Tejerina Frías, señalado como cabecilla de avasallamientos de tierras y protagonista de graves episodios de violencia en la región de Guarayos, fue enviado a prisión preventiva por orden judicial. La detención, largamente esperada por las víctimas y las autoridades, marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en la zona y pone al descubierto una red de influencias y presuntos delitos que involucran al INRA, Emapa y organizaciones sociales.
La audiencia cautelar, celebrada en Minero, concluyó con la decisión del juez René Blanco de dictar 180 días de detención en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom). Tejerina Frías enfrenta cargos por lesiones graves y leves, así como por daño a bienes del Estado, delitos vinculados a los violentos avasallamientos de tierras que han afectado a numerosos propietarios y productores en la región.
Las investigaciones, que se prolongaron durante años, revelan un patrón de actuación sistemático por parte de Tejerina y sus allegados. Se le acusa de liderar grupos armados que irrumpían en propiedades privadas para tomar posesión de tierras con cultivos, intimidando y amenazando a los propietarios y trabajadores. Testimonios de las víctimas describen escenas de terror y violencia, con secuestros, torturas y destrucción de bienes.
Uno de los episodios más graves en los que se señala la participación de Tejerina es el ataque a la propiedad Las Londras, ocurrido el 28 de octubre de 2021. Durante el incidente, policías, periodistas y trabajadores del campo fueron secuestrados y sometidos a tratos inhumanos por parte de encapuchados. Tejerina, según la asesora legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, se presentó en el lugar como portavoz de control social, mostrando una actitud arrogante y amenazando a las víctimas frente a las autoridades presentes. Incluso, se le atribuye haber lanzado amenazas públicas contra periodistas, en presencia de la exministra de la Presidencia, Marianela Prada, sin que nadie interviniera.
La impunidad con la que habría actuado Tejerina durante años ha generado indignación y frustración entre las víctimas. El abogado Álvaro La Torre, defensor de las familias afectadas por los avasallamientos en los predios Santa Rita, asegura que Tejerina comandó ataques contra policías y civiles sin consecuencias, e incluso se habría beneficiado con millonarios contratos estatales a través de Emapa, destinados a obras que nunca se realizaron o que se utilizaron para fines personales.
De hecho, la Fiscalía ha detectado un contrato firmado el 10 de junio de 2022 entre Emapa y la empresa de construcciones Tejeser SRL, representada por Tejerina, por un monto de Bs 4.424.93. Lo llamativo es que, a pesar de ser una empresa constructora, el contrato se refería a la producción de maíz y labores agrícolas, lo que levanta sospechas sobre la legalidad y transparencia del acuerdo.
Las investigaciones también revelan que Tejerina se habría hecho pasar por viceministro de tierras y representante de control social de organizaciones sociales para ejercer influencia y proteger sus actividades ilegales. Además, se le vincula con el financiamiento y la dirección de interculturales en San Julián, utilizando estas organizaciones como fachada para sus intereses.
La detención de Tejerina Frías es un golpe importante para las redes de avasallamiento de tierras en Santa Cruz, pero aún queda mucho por hacer para desmantelar por completo estas estructuras y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios. Las autoridades han anunciado que continuarán las investigaciones para identificar a todos los cómplices de Tejerina y llevarlos ante la justicia.
El caso Las Londras, en particular, ha sido objeto de controversia debido a la falta de avances en la investigación y la impunidad de los responsables. Si bien se inició un juicio contra cinco avasalladores –Nicolás Ramírez Taboada, Martín Tejerina Villalobos, Evert Sixto Canaza, Paulino Camacho y Nelson Rivadeneira–, todos fueron puestos en libertad.
La detención de Elías Tejerina también pone de manifiesto las deficiencias en el control y la fiscalización de los contratos estatales, especialmente en instituciones como Emapa y el INRA. Se ha revelado que el INRA de Santa Cruz contaba con apenas 20 funcionarios para atender una vasta región, lo que dificultaba la supervisión y el cumplimiento de las normas.
Este caso, sin duda, tendrá repercusiones políticas y sociales en Santa Cruz y a nivel nacional. La lucha contra los avasallamientos de tierras y la corrupción es un desafío urgente que requiere un compromiso firme de las autoridades y la participación activa de la sociedad civil. La detención de Elías Tejerina es un paso en la dirección correcta, pero es necesario profundizar las investigaciones y fortalecer las instituciones para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. La búsqueda de justicia para las víctimas y la restitución de sus derechos son prioridades fundamentales para garantizar la paz y la estabilidad en la región.
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