Venezuela se encuentra en un punto de inflexión en su proceso de liberación de presos políticos, un desarrollo que, en circunstancias normales, sería motivo de celebración. Sin embargo, la opacidad que rodea estas excarcelaciones ha generado una profunda preocupación, revictimizando a los detenidos y a sus familias, y revelando un panorama mucho más complejo de lo que inicialmente se percibía. Martha Tineo, directora nacional y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, ha sido una voz crítica en este proceso, denunciando la falta de transparencia y la aparición de casos previamente desconocidos.
Tineo advierte que la forma en que se están llevando a cabo las excarcelaciones dificulta enormemente la determinación precisa del número de personas liberadas. “Siento que con esto se destapó un hueco sin fondo”, afirma, sugiriendo que la situación es mucho más grave de lo que se ha reconocido públicamente. La intervención de Tineo ante la Comisión de la Ley de Amnistía, donde enfatizó que la dignidad no es negociable, subraya la importancia de la verdad y la justicia en este proceso.
Desde el anuncio inicial del 8 de enero, Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado la naturaleza revictimizante y opaca del proceso. A pesar de las promesas de liberar a un número significativo de presos políticos, la realidad ha sido decepcionante. Inicialmente, el Ministerio de Servicios Penitenciarios reportó 116 excarcelaciones, pero la ONG solo pudo verificar 77 de ellas. Posteriormente, las autoridades mencionaron una cifra de 406, pero al analizar los anuncios oficiales, se descubrió que incluían excarcelaciones ocurridas en periodos anteriores, incluso en 2024, 2025 y principios de 2026. Esta falta de información veraz y oportuna genera confusión y sufrimiento adicional para los detenidos y sus familias, quienes se encuentran en la incertidumbre sobre su futuro.
La opacidad del proceso ha llevado a que los familiares de los presos políticos se movilicen a los centros de detención en todo el país, esperando noticias de sus seres queridos. Justicia, Encuentro y Perdón ha identificado 90 centros de reclusión en Venezuela donde se encontraban presos políticos, y ha documentado la angustia y la desesperación de las familias que se trasladan a estos lugares en busca de respuestas.
Hasta el momento, la ONG ha logrado verificar la excarcelación de 455 presos políticos, una cifra significativamente menor que la reportada por las autoridades. A pesar de que su registro inicial contaba con 1.011 casos, la cifra de presos que aún permanecen detenidos se sitúa entre 800 y 900. Esta discrepancia se debe, en parte, a la aplicación del patrón de Sippenhaft, que implica la persecución política a familiares de los detenidos. Muchos de estos casos no se habían denunciado previamente por temor a represalias, pero la expectativa de las liberaciones ha alentado a las familias a alzar la voz.
La situación plantea la pregunta de si es posible determinar con exactitud el número total de presos políticos en Venezuela. Tineo reconoce que siempre han sospechado que la cifra real era mayor de lo que habían podido verificar, basándose en los testimonios de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la verificación de cada caso requiere una investigación rigurosa, que incluye la identificación de la persona, la fecha de detención y el lugar de reclusión. Este rigor metodológico es fundamental para garantizar la credibilidad de la información.
La aparición de nuevos casos de presos políticos, a medida que se verifican las excarcelaciones, revela la magnitud del problema y la instrumentalización del sistema de justicia en Venezuela. Tineo denuncia que cualquier autoridad puede ordenar la detención arbitraria de una persona, la acusación por parte de un fiscal y la condena por parte de un juez, lo que ha llevado a una situación de arbitrariedad y persecución política. Para obtener una cifra exacta de presos políticos, sería necesario cruzar datos de los organismos de detención, el Ministerio Público y los tribunales, y publicar la información de manera transparente.
En medio del proceso de excarcelación y el desarrollo de la Ley de Amnistía, Tineo se muestra sorprendida por los ataques del chavismo contra las ONG. Históricamente, las organizaciones de la sociedad civil han sido estigmatizadas, criminalizadas y perseguidas en sistemas autoritarios. Los defensores de los derechos humanos son vistos como incómodos para el poder, ya que denuncian las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, en un Estado democrático, su labor debería ser protegida y valorada.
Con respecto a la Ley de Amnistía, Tineo advierte sobre las fallas que han observado en su desarrollo. Señala que no es el primer intento de ley de amnistía en Venezuela, y que experiencias pasadas han demostrado que estos procesos suelen ser excluyentes, revictimizantes y carentes de un relato de la verdad, reconocimiento del daño, reparación integral a las víctimas y garantías de no repetición. Estos son los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y su cumplimiento es fundamental para lograr una verdadera reconciliación.
Tineo enfatiza la importancia de la verdad en el proceso de amnistía, destacando que las víctimas tienen derecho a saber por qué fueron perseguidas y a que se reconozca el daño que han sufrido. La justicia es un valor sagrado, y a veces es necesario recordárselo a las víctimas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para obtener la libertad. Sin embargo, una sociedad necesita justicia para evitar que los crímenes atroces se repitan.
Más allá de la libertad, Tineo cuestiona la utilidad de una Ley de Amnistía si no se desarticula el Estado que oprimió a estas personas. Señala que incluso si se liberan a todos los presos políticos, se reconoce el daño, se narra la verdad, se asegura la justicia y la reparación, y se garantiza la no repetición, si no se desarticula el aparato represivo, se corre el riesgo de que se abran nuevos registros de presos políticos en el futuro. Por lo tanto, además de una ley de amnistía, es necesario un proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia, que incluya la investigación, el juicio y la condena de los funcionarios que cometieron violaciones de los derechos humanos.
Finalmente, Tineo se pregunta si Venezuela puede alcanzar la paz como sociedad solo con excarcelaciones y sin justicia para los violadores de los derechos humanos. Expresa su temor de que no sea posible, ya que la paz requiere el reconocimiento del daño, la reparación a las víctimas y el respeto a los derechos humanos. La sociedad venezolana es pacífica y tiene en su ADN la Constitución y la institucionalidad democrática, pero es fundamental abordar las causas profundas de la violencia y la injusticia para lograr una paz duradera. La reconciliación no puede ser impuesta, sino que debe surgir del reconocimiento del daño y del restablecimiento de la confianza. El restablecimiento del estado de derecho es esencial para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados y protegidos, independientemente de su posición política. En una sociedad no hay paz sin justicia, ni paz sin democracia.
