La Cámara de Diputados aprobó este martes una propuesta legislativa que modifica significativamente el financiamiento destinado a los exjefes de Estado. La iniciativa, impulsada por el diputado Javier Olivares, perteneciente al Partido Demócrata (PDG), busca eliminar las asignaciones operativas que actualmente permiten a los expresidentes mantener infraestructuras de trabajo y equipos profesionales con fondos públicos.
La decisión se tomó en el contexto de la discusión particular de la Ley de Presupuesto. Durante la sesión, el pleno de la Cámara analizó y aprobó las tres primeras partidas presupuestarias, correspondientes a la Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Congreso Nacional. No obstante, fue precisamente dentro de la partida del Congreso Nacional donde se rechazaron los recursos destinados al financiamiento de las asignaciones para los expresidentes de la República.
De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se eliminarán las asignaciones operativas que cubren gastos fundamentales para el funcionamiento de los exmandatarios. Entre los recortes aprobados se encuentran los costos de funcionamiento de oficinas, los gastos de movilización y la contratación de personal. Con esta medida, se establece que los exjefes de Estado deberán costear estos servicios con sus propios recursos económicos.
El debate en la Sala fue intenso y estuvo marcado por la postura del diputado promotor, Javier Olivares. El parlamentario argumentó que no es sostenible seguir financiando la totalidad de los gastos de los expresidentes con dinero público. "Basta de pagarles a los expresidentes por todo. Dejemos que ellos también, con la platita que han podido hacer, puedan pagar sus oficinas y a sus empleados, y que eso no salga de la plata de todos los chilenos", manifestó el legislador durante su intervención.
Olivares fue enfático al cuestionar la entrega de recursos a personas a quienes calificó como "privilegiadas". En ese sentido, precisó que, a partir del presupuesto para el año 2027, los expresidentes solo podrán contar con su sueldo. En un tono crítico, el diputado sugirió que los exmandatarios deberían "ponerse a mandar currículum" y buscar empleo para complementar sus ingresos y así poder solventar el pago de sus oficinas y el sueldo de sus empleados.
Por otro lado, la medida encontró una fuerte resistencia en sectores del oficialismo. La diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista (PC), cuestionó la validez de la propuesta y denunció que existe un trasfondo político detrás de la decisión. Según Serrano, el oficialismo es blanco de un "ataque constante y desleal" por parte de la derecha, señalando específicamente que estas acciones se dirigen contra la figura de la expresidenta Michelle Bachelet y del actual presidente Gabriel Boric.
La diputada Serrano argumentó que es desleal poner en cuestionamiento estos dineros en el momento actual, haciendo una comparación con periodos anteriores. Afirmó que, mientras el expresidente Sebastián Piñera ocupaba dicha condición, no se produjeron cuestionamientos similares ni se propusieron recortes de este tipo en la Cámara de Diputados.
Es fundamental aclarar que la indicación aprobada afecta exclusivamente a las asignaciones de funcionamiento y a la logística institucional. Por lo tanto, la medida no altera la dieta ni la pensión mensual que los exjefes de Estado perciben, ya que dichos pagos están resguardados constitucionalmente y no forman parte de los recortes operativos discutidos.
Tras finalizar la votación y zanjar la discusión sobre la partida del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados procedió de inmediato a iniciar la discusión de la partida número cuatro, la cual corresponde a los recursos destinados a la Contraloría General de la República.
