El Partido de la Gente (PDG) ha desempeñado un rol determinante en la reciente discusión legislativa sobre el Presupuesto 2027, brindando un apoyo clave al Gobierno de José Antonio Kast para lograr la aprobación en general del proyecto. Sin embargo, este respaldo no ha venido acompañado de una alineación total con el Ejecutivo, ya que la colectividad mantiene una postura indefinida respecto a una de las controversias más sensibles del gabinete: la eventual acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Durante la sesión de este lunes, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto con una votación de 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención. En este escenario, el PDG no actuó como un bloque monolítico, evidenciando fisuras internas en su votación: nueve de sus parlamentarios respaldaron la iniciativa, tres la rechazaron y dos no registraron su voto. A pesar de esta dispersión, la ayuda de la bancada fue fundamental para que el Gobierno superara la etapa de discusión general.
No obstante, el PDG ha sido enfático en señalar que su apoyo no constituye un "cheque en blanco" para la administración de Kast. Para respaldar esta postura, la colectividad presentó un total de 165 indicaciones al proyecto, advirtiendo que existen recortes sociales que deben ser corregidos obligatoriamente. Entre las exigencias más urgentes de la bancada se encuentra la recuperación del programa "Yo elijo mi PC", la revisión de la drástica disminución del 85,8% en los fondos destinados al programa de Tenencia Responsable de Mascotas, la corrección de la baja en el Subsidio al Arriendo y el rechazo al cierre anunciado de Prodemu.
La diputada Paula Olmos subrayó que el voto a favor en general no implica una conformidad total con el contenido del presupuesto. En una línea similar, el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, lanzó una advertencia directa al Ejecutivo, señalando que si el Gobierno no corrige las "injusticias" detectadas en los recortes, el partido se ubicará en la oposición. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo defendió la necesidad de restituir los recursos para computadores escolares, argumentando que el acceso a la tecnología no puede quedar supeditado a la capacidad económica de las familias.
En paralelo a la discusión presupuestaria, la permanencia del ministro Fernando Rabat en su cargo genera una fuerte tensión interna en el PDG. Diversos parlamentarios de la colectividad, entre ellos Patricio Briones, Paula Olmos, Fabián Ossandón, Tamara Ramírez, Eileen Urqueta y Guillermo Valdés, respaldaron una resolución que solicita explícitamente la salida del ministro. A este grupo se suma Cristián “Dr. File” Contreras, militante del partido que actualmente se encuentra apartado de la bancada.
La postura de Pamela Jiles también ha evolucionado en este sentido. Si bien inicialmente se mostró dispuesta a salvar al ministro, recientemente reconoció en declaraciones a 24 Horas que, tras un análisis personal, considera que existen fundamentos válidos para proceder con una acusación constitucional. A pesar de que existe una mayoría interna favorable a respaldar el libelo, la definición formal sigue pendiente, ya que el partido espera conocer el texto final de la acusación antes de determinar su voto.
Esta indecisión contrasta con la visión de Juan Marcelo Valenzuela, quien ha manifestado reparos jurídicos al señalar que le cuesta encontrar mérito constitucional para la acusación. En una posición similar de cautela se encuentra Zandra Parisi, quien ha evitado comprometer su decisión hasta analizar los fundamentos del documento. Mientras tanto, la oposición no planea esperar la resolución del PDG; Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, aseguró que la acusación será presentada independientemente del respaldo de este partido.
Ante las especulaciones sobre una posible negociación cruzada entre los votos del Presupuesto y la salida del ministro, el diputado Roberto Arroyo fue categórico al negar cualquier acuerdo bajo presión. Según el parlamentario, el PDG aborda ambas discusiones de manera separada y no utiliza temas de tal relevancia como "moneda de cambio". Arroyo también aprovechó para plantear la necesidad de corregir vacíos legales relativos a las rebajas de condenas en casos de violación y abuso sexual contra menores de edad.
El conflicto presupuestario entrará ahora en una fase crítica con la votación en particular que comienza este martes, donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deberá enfrentar las demandas del PDG. Mientras el Gobierno y la oposición compiten por captar los votos de la colectividad, el PDG intenta instalar una agenda propia, manteniendo el destino del ministro Rabat bajo llave mientras presiona por la reposición de fondos sociales.
