La solidez de una administración gubernamental no se limita únicamente a su legitimidad medida a través de los índices de aprobación de su gestión. Existe un estándar complementario e igualmente crítico: la capacidad de administrar con eficacia los recursos públicos para dar respuesta a las demandas prioritarias de la ciudadanía. En el caso del Perú, un país caracterizado por la diversidad de sus territorios y la heterogeneidad de sus problemáticas, esta tarea exige procesos de descentralización eficientes, los cuales, actualmente, continúan evidenciando brechas significativas en materia de capacidad técnica.
Esta deficiencia en la gestión se manifiesta con especial gravedad en las asignaciones presupuestarias destinadas a combatir los efectos del Fenómeno El Niño (FEN). Al cierre del mes de septiembre, los sectores responsables de ejecutar estos fondos registran un avance global inferior al 11%. El análisis detallado por carteras revela cifras alarmantes: el Ministerio de Vivienda presenta un gasto de apenas el 0,1% en sus fondos de prevención, mientras que el Ministerio de Agrario y Riego alcanza un 10,1%. Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la entidad con el desempeño más alto del grupo, llegando al 40%, una cifra que, pese a ser la mayor, resulta insuficiente dada la urgencia y los plazos ya conocidos de la emergencia.
La responsabilidad de esta inoperancia recae directamente sobre el gobierno central. Es fundamental señalar que las carteras nacionales cuentan con equipos especializados y sistemas de control en tiempo real diseñados precisamente para evitar estos escenarios. No obstante, a pesar de disponer de estas herramientas técnicas, el Ejecutivo ha producido resultados de ineficiencia similares a aquellos que habitualmente se atribuyen a los gobiernos regionales y locales, quienes dependen de la conducción central.
El riesgo para la población es inminente. Los ciudadanos deben tener conocimiento de que los montos asignados a la prevención que no sean desembolsados antes del cierre del año fiscal regresarán a las arcas públicas debido a la incapacidad de gestión. La consecuencia más grave de este hecho es que los territorios más vulnerables del país tendrán que afrontar la temporada de lluvias sin contar con las obras de mitigación que fueron prometidas.
En el plano político, el fujimorismo y sus aliados en las cámaras de diputados y senadores han intentado trasladar la responsabilidad, señalando a la oposición parlamentaria por dilatar la aprobación de facultades. Sin embargo, la realidad indica que fueron ellos quienes pusieron restricciones a temas que requerían un debate amplio en el Congreso. Incluso después de aprobar un texto desnaturalizado, impulsado por la ligera mayoría en la cámara alta, persisten en la omisión de publicar los decretos necesarios para atender la emergencia inminente provocada por el Fenómeno El Niño.
La historia de las emergencias en el Perú permite distinguir claramente entre quienes actuaron preventivamente y quienes mantuvieron una actitud pasiva. El Ejecutivo que administra los fondos para El Niño y permite que queden sin ejecutar está comprometiendo directamente la seguridad de las poblaciones bajo su cargo. Esta omisión no solo afecta el presente, sino que construye un legado de inoperancia que se hará visible en el futuro, específicamente en los resultados electorales.
Paralelamente a la crisis presupuestal, se registran otras tensiones institucionales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) está aplicando procesos de ratificación que desconocen la jurisprudencia establecida sobre la idoneidad y los antecedentes disciplinarios de los administradores de justicia. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó una reelección encubierta en comicios ya celebrados, lo que ha dejado la gestión de diversas alcaldías en manos de regidores que son desconocidos para la ciudadanía.
En materia de seguridad, existen contradicciones entre los datos oficiales y los anuncios gubernamentales. Mientras el Ejecutivo anuncia una reducción en la tasa diaria de criminalidad, el Sistema Nacional de Defunciones registra que octubre fue el mes con más homicidios bajo el gobierno de la presidenta Fujimori. Finalmente, esta situación de malestar social se ha extendido a las regiones, donde ciudadanos de Huánuco acataron un paro exigiendo el acceso a un derecho fundamental.
