La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, tanto en general como en particular, el proyecto de ley que modifica la segunda etapa de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa, que llegó al cuerpo legislativo tras haber sido procesada en el Senado, fue despachada a ley con el objetivo primordial de otorgar una mayor flexibilidad al proceso de implementación de la Nueva Educación Pública.
El núcleo de esta modificación legislativa radica en el ajuste del calendario de entrada para los 12 SLEP que aún se encuentran pendientes de instalación. De acuerdo con el texto aprobado, se establece ahora como fecha límite el 31 de diciembre de 2035 para completar este proceso. Específicamente, el proyecto altera la ley N° 21.040, la cual creó el sistema de educación pública, buscando optimizar y ajustar los tiempos de traspaso de los establecimientos educacionales desde la administración de los municipios hacia los Servicios Locales.
En cuanto a la votación, el proyecto recibió el respaldo de 76 diputados, mientras que 36 votaron en contra y dos se abstuvieron en la votación general. Posteriormente, se procedió a la discusión en particular, manteniendo la votación excepto en aquellas normas de quórum y votaciones separadas que fueron solicitadas por la oposición, las cuales fueron finalmente visadas por la Cámara.
A pesar de la aprobación, la sesión dejó en evidencia profundas divisiones políticas respecto al impacto de estas medidas. Tras finalizar la jornada, la diputada Emilia Schneider, representante del Frente Amplio (FA), presentó una reserva de constitucionalidad sobre dos puntos específicos del proyecto: el numeral 3 del artículo único y el artículo primero transitorio. La parlamentaria fundamentó esta acción en el riesgo de generar "arbitrariedades" debido a los cambios implementados en los requisitos necesarios para postergar el traspaso de los establecimientos.
Durante el debate parlamentario, la diputada Schneider fue enfática al señalar que, si bien el Gobierno presenta la iniciativa como un simple cambio de calendario, en realidad se trata de una "modificación mucho más profunda al sistema". Según la legisladora, la medida busca reducir los estándares exigidos a los municipios, quienes, a su juicio, han dejado una crisis considerable en la educación pública. Schneider afirmó que esta acción va en contra del fortalecimiento de la educación pública y tiene como fin mantener la municipalización. Asimismo, subrayó que no existe evidencia de que este proyecto represente una mejora para el sector, calificándolo de injusto al fomentar la fragmentación y la segregación educativa.
En una línea similar, el diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista (PC), manifestó su preocupación por las facultades que el proyecto otorga al Ejecutivo. Barraza sostuvo que la iniciativa le entrega al Presidente de la República la capacidad de postergar los traspasos educativos mediante decreto, por un periodo de hasta un año, sin que se establezcan causales legales específicas para ello. Además, criticó que se flexibilicen los requisitos para mantener la educación municipal y que se contemplen renovaciones sucesivas de dichas excepciones, lo que, según el diputado, arriesga a prolongar la fragmentación del sistema y a mantener disparidades en la gestión y el financiamiento entre los distintos territorios.
Desde la oposición, las posturas fueron diversas. El diputado de la UDI, Eduardo Cretton, criticó la efectividad de los SLEP hasta la fecha, señalando que no han dejado una mejora medible en la calidad de la educación. Para Cretton, lo lógico sería que la administración de la educación pública recayera en quien demuestre una mejor gestión. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Juan Carlos Beltrán, argumentó que el proyecto es necesario para abordar los problemas de gestión y las deficiencias detectadas durante el proceso de traspaso. Beltrán enfatizó la importancia de asegurar que el nuevo sostenedor tenga las condiciones óptimas para recibir y operar las escuelas antes de concretar la entrega.
Finalmente, el diputado DC Héctor Barría reconoció que el sistema SLEP mejora las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Sin embargo, cuestionó el momento en que se discute el proyecto, advirtiendo que improvisar una ley en noviembre, sin margen de tiempo para marzo del año siguiente y con un sistema de elección ya finalizado, generará incertidumbre en las familias sobre quién será el sostenedor de los establecimientos de sus hijos.
