El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha formalizado la remoción de Calixto Lucero Rodríguez de su cargo como director del penal de Barbadillo. Esta decisión, comunicada oficialmente la noche del lunes, marca un cambio significativo en la administración del establecimiento penitenciario ubicado en el distrito de Ate. En sustitución de Lucero Rodríguez, el organismo ha designado a Claudio Lino Andia Nina, quien asumirá la dirección del centro con el objetivo de restablecer la gestión institucional.
La decisión de apartar a Lucero Rodríguez no fue fortuita, sino que surge como consecuencia directa de la revelación de un vínculo laboral controversial. Se ha hecho público que Yulissa Lucero Chujutalli, hija del exdirector, fue contratada para desempeñarse en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas. Cabe destacar que la parlamentaria pertenece al partido político Juntos por el Perú, una organización de tendencia izquierdista. Este hecho ha puesto en entredicho la gestión del director del penal, precipitando su salida inmediata del cargo.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario se emitieron declaraciones precisas para justificar la celeridad de la medida. Según el organismo, la separación del cargo responde a los "graves hechos ocurridos", calificando la remoción como una "acción inmediata" necesaria para garantizar el control institucional. El INPE enfatizó que este movimiento es fundamental para asegurar que el adecuado funcionamiento penitenciario no se vea comprometido, buscando salvaguardar la operatividad del centro.
El anuncio oficial fue precedido por declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda. En una entrevista concedida al diario El Comercio, el titular del sector anticipó la decisión de separar a Calixto Lucero de la dirección del penal. Sin embargo, Álvarez Miranda fue cuidadoso al precisar la naturaleza legal de esta medida administrativa. El ministro aclaró que, si bien Lucero deja de ejercer como director de Barbadillo de manera inmediata, esto no implica una destitución automática de la institución INPE.
El ministro detalló que para que se produzca una destitución definitiva del funcionario de la entidad, es imperativo que se complete un proceso administrativo previo. Este procedimiento legal es el que determinará la situación laboral final de Lucero dentro del organismo penitenciario. No obstante, la prioridad del Gobierno fue retirar su autoridad sobre el penal de Barbadillo para evitar complicaciones adicionales en el mando del establecimiento.
La relevancia de este cambio directivo se intensifica debido a la naturaleza de los internos en el penal de Barbadillo, situado en Ate. En este establecimiento se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión. Castillo fue sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión, derivado de los sucesos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.
El delito imputado al exmandatario se basa en el anuncio de un golpe de Estado. Dicho plan incluía acciones inconstitucionales, tales como el cierre del Congreso de la República y la intervención en el sistema de administración de justicia. Debido a la sensibilidad política y judicial de tener a un expresidente bajo custodia en este centro, cualquier irregularidad en su dirección es analizada con rigurosidad por las autoridades competentes.
Finalmente, el ministro Álvarez Miranda aportó un dato relevante sobre el origen del nombramiento de Calixto Lucero. Se informó que el funcionario había sido designado en su cargo durante la administración del gobierno anterior, específicamente bajo la gestión del exgobernante interino José María Balcázar. Este detalle subraya que la remoción ocurre en el marco de una reestructuración de la gestión de los penales.
Con la llegada de Claudio Lino Andia Nina a la dirección, el INPE espera centrarse en la seguridad y el control de Barbadillo. La situación queda ahora en manos del proceso administrativo que definirá el futuro profesional de Lucero Rodríguez, mientras la institución busca proyectar una imagen de control y rigor técnico en la gestión de sus centros penitenciarios.
