La Asamblea Nacional de Ecuador, donde predomina una mayoría oficialista, aprobó este lunes la denominada “ley antimafias”. Este proyecto normativo, que contó con la asesoría técnica del Gobierno de Italia, tiene como objetivo principal reformar diversos marcos legales para robustecer la capacidad de respuesta del Estado ecuatoriano frente al avance y la operatividad del crimen organizado en el territorio nacional.
La iniciativa legislativa fue impulsada y presentada en junio pasado por la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, quien pertenece a las filas del oficialismo. Tras la votación, Mancheno afirmó que la aprobación de esta normativa representa “un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado”. Según la legisladora, esta medida se alinea con la estrategia de seguridad implementada por el presidente Daniel Noboa desde el inicio de 2024, año en el que el mandatario declaró una “guerra” contra los grupos armados, los cuales han sido los responsables de una crisis de violencia calificada como sin precedentes en el país.
El respaldo al proyecto fue amplio dentro del plenario, logrando la aprobación con un total de 85 votos provenientes de los asambleístas del partido de Gobierno, la Asamblea Nacional del Ecuador y sus aliados políticos. Por el contrario, la propuesta no contó con el apoyo de la Revolución Ciudadana (RC), que se mantiene como la principal fuerza de oposición y está liderada por el expresidente Rafael Correa, quien ejerció el cargo entre 2007 y 2017 y se encuentra actualmente suspendido.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Asamblea Nacional, la nueva ley introduce reformas sustanciales en el código penal, la ley sobre drogas y el código de la Función Judicial, entre otras normativas. El núcleo de estos cambios radica en la redefinición de las responsabilidades penales para aquellas personas que integren, dirijan, financien o colaboren activamente con organizaciones criminales, buscando cerrar brechas legales que permitan la impunidad de los mandos medios y superiores de estas estructuras.
Asimismo, la ley incorpora la tipificación de nuevos delitos que responden a la realidad actual de la violencia en el país. Entre las nuevas figuras penales se encuentran el reclutamiento de personas para actividades criminales, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades enteras mediante el uso de la violencia o amenazas. Estas adiciones buscan proteger a las poblaciones más vulnerables que han sido víctimas de las tácticas de control territorial de los grupos armados.
Uno de los puntos más disruptivos y debatidos de la ley es la modificación en la acumulación de penas privativas de libertad. Hasta la fecha, el límite máximo de encarcelamiento en Ecuador era de 40 años. Con la entrada en vigor de esta ley, dicho máximo se extiende hasta los 60 años de cárcel. No obstante, esta extensión no es automática; se aplicará únicamente cuando la acumulación de penas corresponda a tres o más delitos dolosos que sean autónomos e independientes, y siempre que la suma de las penas determinadas individualmente para cada infracción supere los cuarenta años.
En materia de protección judicial y ética profesional, la normativa establece mecanismos para resguardar la identidad de los jueces que lleven adelante causas relacionadas con la delincuencia organizada, con el fin de evitar represalias y garantizar la imparcialidad de los procesos. De igual manera, la ley contempla la inhabilitación profesional de abogados y contadores que, actuando con dolo, faciliten la comisión de delitos o ayuden a ocultar actividades ilícitas.
Sin embargo, la ley ha enfrentado críticas severas desde la oposición. Jahiren Noriega, representante de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto se centra excesivamente en el endurecimiento de las penas sin presentar una justificación técnica sólida. Noriega argumentó que, desde el año 2018, el código penal ha sido objeto de al menos siete reformas similares, pero que ninguna de estas medidas ha logrado reducir efectivamente los índices de criminalidad. Para sustentar su postura, mencionó que en 2025 el país registró un récord de 9.284 asesinatos.
Finalmente, se destacó la cooperación internacional en el desarrollo de este marco legal. La construcción de la ley contó con el apoyo directo del Gobierno italiano, razón por la cual Mishel Mancheno hizo entrega de reconocimientos a una delegación de dicho país. Entre los presentes se encontraba Chiara Colosimo, diputada y presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia. El proyecto ahora queda a la espera de ser ratificado por el presidente Daniel Noboa para que pueda entrar oficialmente en vigencia.
