Los alcaldes de las nueve capitales de departamento de Bolivia, junto con la autoridad municipal de El Alto, han establecido un ultimátum al Gobierno nacional. El Ejecutivo tiene como plazo hasta este viernes 13 de noviembre para emitir un decreto supremo que permita la actualización de los precios en los contratos de obras municipales. Esta medida se ha vuelto urgente debido al incremento en los costos de construcción y operación, una situación derivada directamente del retiro de la subvención a los combustibles.
La decisión es el resultado de una hoja de ruta consensuada durante una reunión de coordinación celebrada este lunes. En dicho encuentro, las autoridades municipales unificaron sus demandas con el objetivo de presionar por una redistribución más justa de los recursos estatales, la devolución de fondos que han sido retenidos y la implementación de medidas inmediatas que garanticen que los servicios públicos y las obras de infraestructura no se detengan.
La gravedad de la situación fue expuesta por la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, quien advirtió que diversas inversiones municipales ya se encuentran paralizadas. Según Tardío, existen empresas constructoras que se resisten a continuar con los trabajos debido a que los precios pactados originalmente en los contratos ya no cubren los costos operativos actuales. La autoridad municipal señaló que muchas obras están al borde de una resolución de contrato o rescisión, mientras que otros proyectos ni siquiera han podido concretar la firma porque las empresas se niegan a trabajar bajo condiciones que impliquen pérdidas económicas.
Por su parte, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, puso énfasis en el impacto financiero que ha generado el alza del diésel, cuyo precio se ha duplicado, pasando de 9 a 18 bolivianos por litro. Dockweiler alertó que este incremento no solo afecta la ejecución de proyectos de infraestructura, sino que impacta severamente en la prestación de servicios básicos esenciales para la ciudadanía, tales como el transporte municipal, el aseo urbano y el recojo de basura. Ante este escenario, el edil propuso la implementación de un programa de readecuación financiera y exigió el cumplimiento de los compromisos pendientes por parte de las entidades estatales de financiamiento.
Más allá de la urgencia del decreto para las obras, los burgomaestres han planteado una demanda estructural: la creación de un pacto fiscal vinculante. La propuesta central es avanzar hacia una distribución equitativa de los recursos bajo un esquema conocido como "50/50". No obstante, los alcaldes subrayaron que esta distribución debe ser el resultado de un consenso nacional.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, 'Mamén' Saavedra, manifestó su confianza en el diálogo y la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional entre todas las partes involucradas en la distribución de los fondos. Saavedra enfatizó que el objetivo final es que los recursos lleguen efectivamente a la población y no se queden únicamente en las administraciones de alcaldes, gobernadores o rectores universitarios. Asimismo, calificó como irresponsable definir un porcentaje exacto sin antes haber socializado y debatido la propuesta con gobernadores, universidades y la totalidad de los municipios del país.
En términos técnicos, la propuesta municipal incluye una hoja de ruta compuesta por siete componentes, que abarcan la definición de la masa coparticipable, la creación de un cronograma de convergencia, la restitución de recursos y diversas reformas legales. En cuanto al modelo 50/50, los ediles proponen una transición gradual que culminaría en el año 2030, dividida en cuatro etapas. Según este plan, para el final del periodo, el Gobierno central mantendría el 50% de los recursos, mientras que los municipios recibirían el 36%, las gobernaciones el 6,7% y las universidades públicas el 7,3%.
A estas demandas se suma la exigencia de la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron retenidos durante la gestión 2025, así como la suspensión de cualquier nueva retención programada para el año 2027. Los alcaldes sostienen que estas medidas son indispensables para evitar que la falta de financiamiento degrade la calidad de la salud, la educación y otros servicios municipales básicos.
Finalmente, las autoridades municipales anunciaron que el lunes 16 de noviembre llevarán a cabo una nueva reunión en la ciudad de La Paz. En esta instancia participarán la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones del sistema asociativo municipal. El objetivo es sumar a los municipios pequeños e intermedios para consolidar un frente común frente al Gobierno nacional. César Dockweiler adelantó que, tras coordinar acciones durante la mañana de ese lunes, se extenderá una invitación a representantes del Ejecutivo para iniciar un espacio de diálogo formal.
