El estado de Sonora atraviesa una fase de ajustes significativos en diversos sectores de su agenda pública, transitando desde la modernización de la infraestructura urbana y la salud, hasta la gestión de riesgos sanitarios en el sector agropecuario y la protección de los derechos del consumidor. Estas acciones, impulsadas tanto por el gobierno estatal como por instancias federales, buscan responder a necesidades cotidianas de la población y mantener la estabilidad económica de la entidad.
En materia de movilidad urbana, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha la Línea Eléctrica Express en Hermosillo. Este proyecto representa un paso hacia la modernización del transporte público en la capital sonorense, diseñando una alternativa de movilidad que beneficia a más de 112 colonias. La nueva línea ha sido proyectada para conectar a los usuarios con puntos estratégicos, incluyendo centros de trabajo, instituciones educativas y hospitales.
Para la implementación de este servicio, se realizó una inversión de 115 millones de pesos, destinada a la adquisición de 20 autobuses eléctricos. Un aspecto distintivo de esta iniciativa es que la operación de las unidades estará a cargo exclusivamente de mujeres, apostando por un modelo de servicio que se define como accesible, incluyente y sustentable. Desde la perspectiva ambiental, se estima que la transición a estas unidades eléctricas permitirá reducir la emisión de dos mil 417 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año. No obstante, el análisis técnico sugiere que el éxito real de la inversión no radicará únicamente en la adquisición de los vehículos, sino en la capacidad operativa para garantizar una frecuencia de paso de cinco minutos y un servicio constante que satisfaga las necesidades reales de los usuarios.
Simultáneamente, el sector ganadero enfrenta un desafío sanitario con la detección de más de 300 casos de gusano barrenador en el estado. A pesar de estas cifras, las fronteras para las exportaciones se mantienen abiertas. Según las normativas actuales, la única condición que provocaría el cierre de las exportaciones sería la localización de un animal infestado con la larva específicamente en la zona fronteriza, en el momento previo a su envío hacia Estados Unidos.
Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, ha manifestado que el riesgo de un cierre es bajo o nulo. La estrategia de control se ha centrado en el sur de la entidad, zona donde se han concentrado la mayoría de los casos detectados y donde se han reforzado los protocolos sanitarios. Entre las acciones implementadas destaca el trabajo de dispersión de mosca estéril, cuyos resultados se esperan en el corto plazo para erradicar el problema en las comunidades afectadas. Es importante señalar que las exportaciones de ganado sonorense se reabrieron hace dos meses, logrando ya reducir en un 50% el rezago acumulado durante los casi 21 meses que la frontera permaneció cerrada.
En el ámbito de la salud, la atención al hospital “Fernando Ocaranza” del Issste en Hermosillo ha vuelto a la agenda nacional tras los anuncios realizados por el gobierno federal. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Martí Batres Guadarrama, director general del Issste, detalló un plan de acciones para dignificar los servicios de salud de la dependencia, destacando la rehabilitación integral de dicho nosocomio.
Los trabajos de mejora en la clínica de Hermosillo se enfocarán en cuatro ejes principales: la rehabilitación del sistema de refrigeración, la reparación de la red hidrosanitaria, trabajos de impermeabilización y la adecuación general de la atención médica. El anuncio más relevante para los usuarios es la definición de un plazo perentorio para la ejecución de estas obras: 120 días. Bajo este cronograma, se prevé que para principios o mediados de marzo el hospital “Fernando Ocaranza” se encuentre completamente rehabilitado.
Finalmente, en el plano de la protección al consumidor, se han reportado irregularidades en comercios de Hermosillo relacionados con cargos indebidos al utilizar tarjetas de débito. Algunos establecimientos continúan aplicando ajustes unilaterales al precio final del producto o servicio cuando el cliente opta por el pago electrónico.
Ante esto, la Profeco y la Condusef han reiterado que estas prácticas son ilegales. El sustento jurídico se encuentra en el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual establece que el precio anunciado de cualquier producto debe incluir todos los cargos correspondientes. Por lo tanto, es improcedente cualquier cobro adicional o ajuste basándose en el uso de "dinero plástico". Si bien la Profeco insta a los ciudadanos a interponer quejas, se reconoce la dificultad que representa para el consumidor acudir físicamente a denunciar debido a la falta de tiempo, sugiriendo la necesidad de habilitar canales de denuncia más eficientes para facilitar las verificaciones correspondientes.
