En una jornada marcada por la tensión y la preocupación por la integridad de los menores, padres de familia de la Escuela San Vicente, situada en el distrito de San Rafael, en La Unión de Cartago, tomaron la determinación de cerrar el centro educativo este martes. Esta medida drástica surge como respuesta a la falta de soluciones concretas por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) ante una serie de denuncias relacionadas con presuntas agresiones verbales dirigidas hacia estudiantes de tercer grado.
El núcleo del conflicto se centra en la labor docente de la profesora de apellido Avellán, quien está a cargo de la sección 3-3. Según el testimonio de los encargados, el malestar no es un hecho reciente, sino que se ha venido gestando desde el inicio del curso lectivo. Los padres aseguran que ya desde el pasado mes de marzo comenzaron a comunicar formalmente a la dirección del centro educativo sobre diversas situaciones de supuesto maltrato verbal que estarían afectando a sus hijos e hijas.
A pesar de que las denuncias fueron interpuestas hace varios meses, los padres de familia manifiestan que no han recibido una respuesta satisfactoria ni una solución definitiva que garantice el cese de estas conductas en el aula. Esta percepción de negligencia administrativa ha llevado a los representantes legales de los menores a escalar sus reclamos, culminando en el cierre total de las instalaciones escolares para visibilizar la gravedad de la situación.
Para formalizar su postura, los encargados remitieron una carta dirigida a la directora de la escuela, Karla Alvarado Muñoz. En dicho documento, se detalla que la situación de maltrato se ha presentado de manera recurrente desde los primeros meses de clases. Asimismo, los padres comunicaron tajantemente que los estudiantes de la sección afectada no regresarán a recibir lecciones hasta que el Ministerio de Educación Pública se pronuncie oficialmente y brinde una solución efectiva al problema planteado.
Dentro de las demandas específicas de los padres, destaca la solicitud de intervención inmediata del supervisor del centro educativo. En este punto, los padres han hecho una distinción importante entre los niveles de respuesta administrativa. Según indicó una de las madres consultadas durante la protesta, la directora de la institución, Karla Alvarado Muñoz, sí ha brindado el apoyo necesario y ha estado presente en el proceso. No obstante, denuncian que el supervisor, quien posee una instancia jerárquica superior y capacidad de resolución administrativa, no se ha presentado para atender los reclamos ni para mediar en el conflicto.
La motivación principal detrás de esta medida de fuerza es la protección del bienestar emocional de los estudiantes. Los padres sostienen que el entorno educativo debe ser un espacio seguro y libre de violencia verbal, y que permitir que la situación continúe sin una intervención del MEP representaría un riesgo para la salud mental y el desarrollo académico de los niños de tercer grado.
Finalmente, los encargados han advertido que el cierre del centro educativo es solo el primer paso de una serie de acciones que están dispuestos a tomar. En el documento entregado a la dirección, se deja claro que, en caso de que el MEP ignore nuevamente sus peticiones o no brinde una respuesta que resuelva el conflicto de raíz, no dudarán en acudir a instancias judiciales para buscar la protección de los menores y la responsabilidad de quienes hayan omitido sus deberes.
Por el momento, la comunidad educativa de la Escuela San Vicente permanece a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades ministeriales que permita el restablecimiento de las lecciones en un ambiente de respeto y seguridad para el alumnado.
