En una sesión estratégica llevada a cabo la tarde del 3 de noviembre de 2026, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se reunió en las instalaciones del Servicio ECU-911 ubicadas en Samborondón, provincia del Guayas. El objetivo central de este encuentro fue evaluar la situación actual del país y coordinar las acciones necesarias para atender los daños materiales y humanos provocados por la incidencia del fenómeno climático El Niño.
La sesión estuvo liderada por Roberto Luque, ministro de Infraestructura, quien comanda esta instancia de coordinación gubernamental activada específicamente para gestionar la respuesta estatal ante las emergencias climáticas. Durante la jornada, se analizaron los reportes de afectaciones en diversas regiones del territorio ecuatoriano y se establecieron directrices inmediatas para mitigar el impacto en las poblaciones más vulnerables.
Una de las determinaciones más relevantes de la reunión fue la disposición emitida al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). El COE Nacional ordenó que esta entidad entregue, en un plazo que será determinado próximamente, el inventario completo de los bienes disponibles en sus bodegas a nivel nacional. Esta medida busca optimizar el uso de los recursos existentes para brindar auxilio rápido a quienes han perdido sus pertenencias.
Una vez que el Senae haya hecho entrega de dicho inventario, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Gestión de Riesgos asumirán la tarea de coordinar con la aduana la distribución inmediata de estos bienes en las zonas donde se reporten emergencias. De acuerdo con las directrices del comité, se dará prioridad a la entrega de artículos esenciales como colchones, ropa y otros enseres básicos que resulten fundamentales para la recuperación de los damnificados.
En cuanto al apoyo económico, el COE informó que el Ministerio de Infraestructura tiene un plazo de siete días para emitir la normativa técnica y legal que servirá como base para la implementación del denominado "bono de reparación". Este instrumento consiste en una ayuda económica gubernamental dirigida específicamente a aquellas personas cuyos bienes y enseres domésticos hayan resultado afectados por la emergencia climática. Hasta el momento, el gobierno no ha precisado los detalles sobre el monto exacto de este bono, ni ha divulgado los requisitos, trámites o procesos que los ciudadanos interesados deberán seguir para acceder a este beneficio.
El contexto de estas medidas se enmarca en una situación de alerta que comenzó meses atrás. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen) declaró la presencia oficial de este fenómeno en Ecuador el pasado 28 de agosto de 2026. Esta declaración técnica motivó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a emitir una declaratoria de alerta roja en todo el territorio nacional, señalando la alta probabilidad de eventos adversos.
Complementando estas acciones, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 485, mediante el cual se priorizaron las acciones de prevención, preparación y respuesta del Estado frente a este evento climático. Posteriormente, a inicios de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmó que Ecuador había ingresado en una etapa inicial de acoplamiento atmosférico, consecuencia de las condiciones cálidas registradas en el océano Pacífico.
El balance de daños acumulados entre el 29 de agosto y el 3 de noviembre de 2026 es significativo. El país ha registrado un total de 1.086 eventos adversos provocados por las lluvias, los cuales han golpeado a las 24 provincias del Ecuador, afectando a 159 cantones y 437 parroquias.
En términos de tipología de desastres, las inundaciones han sido la amenaza de mayor incidencia, representando el 56,45% de todos los eventos registrados. Le siguen los deslizamientos de tierra con un 18,78%, mientras que las lluvias intensas y los vendavales han tenido una incidencia equitativa, registrando cada uno un 5,89% de los casos.
El impacto humano ha sido severo, afectando a un total de 48.958 personas. De este grupo, 39.230 han sido catalogadas como personas afectadas, mientras que 9.728 han sido clasificadas como damnificadas. Lamentablemente, las lluvias extremas han provocado la muerte de 11 personas y han dejado un saldo de cuatro heridos, concentrándose estas tragedias en las provincias de Azuay, El Oro, Guayas, Pichincha y Galápagos.
