La última medición de la Encuesta Plaza Pública Cadem, cuyos resultados fueron difundidos este domingo 1 de noviembre, revela un escenario complejo para la administración del Presidente José Antonio Kast. El sondeo destaca un incremento en el rechazo ciudadano hacia la gestión del mandatario, quien ha alcanzado su nivel más alto de desaprobación hasta la fecha, en un contexto marcado por la controversia legal y política derivada de las rebajas de condena y la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Según los datos arrojados por la encuesta, el 69% de los consultados desaprueba actualmente la gestión del jefe de Estado republicano. En contraposición, un 26% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con su desempeño. Ambas cifras representan una variación de tres puntos porcentuales en comparación con las dos mediciones anteriores, lo que evidencia una tendencia descendente en la valoración de su liderazgo.
Al analizar el comportamiento de la opinión pública durante el mes de octubre, los promedios mensuales reflejan que el período cerró con un 65% de desaprobación y un 30% de aprobación para el presidente. De acuerdo con el análisis de los resultados, la controversia generada por las rebajas de condena fue el factor determinante que marcó la evaluación del Gobierno durante dicho ciclo mensual.
El foco de la crisis se concentra significativamente en la figura del ministro de Justicia, Fernando Rabat. La gestión del secretario de Estado fue evaluada negativamente por un abrumador 78% de los encuestados, mientras que solo un 14% aprobó su desempeño y un 8% optó por no responder a la pregunta.
La encuesta profundizó en la percepción ciudadana sobre la responsabilidad del ministro Rabat en la polémica. Un 77% de los participantes consideró que el secretario de Estado tenía conocimiento de los posibles riesgos y las consecuencias políticas que implicaría la decisión de reducir las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Asimismo, la medición consultó sobre los criterios que debieron primar en la toma de decisiones del ministro. Un 81% de los encuestados sostuvo que Rabat debió considerar no solo los aspectos jurídicos, sino también las consecuencias políticas y sociales de su determinación. En el extremo opuesto, una minoría del 12% afirmó que el ministro actuó correctamente al privilegiar la aplicación estricta de la ley, independientemente de los efectos sociales o políticos que ello pudiera acarrear.
Otro punto crítico abordado por Cadem fue la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener a Fernando Rabat en su cargo a pesar del rechazo público y la polémica instalada. Respecto a esta determinación, el 70% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con el mandatario, mientras que un 22% respaldó la decisión de mantener al ministro en el gabinete.
Finalmente, la encuesta extendió el análisis hacia otras autoridades e instituciones involucradas en esta polémica, revelando un sentimiento generalizado de desconfianza. El 78% de los encuestados desaprueba el desempeño del Congreso, mientras que el sistema de justicia y la Corte Suprema registran un nivel de desaprobación del 77%.
En cuanto a otras figuras políticas, el vocero Gonzalo Arenas cuenta con un 65% de desaprobación. Por su parte, los parlamentarios de oposición también fueron evaluados negativamente, alcanzando un nivel de desaprobación del 56% entre los consultados.
