El Ministerio de Educación ha tomado la determinación de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil mediante el cual Fiduprevisora S.A. administró el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) durante las últimas tres décadas y media. Este vínculo contractual, que estuvo vigente durante 36 años, llegó a su vencimiento el pasado 31 de octubre de 2026.
A partir del 1 de noviembre ha comenzado un proceso de transición con una duración inicial de un año, aunque existe la posibilidad de que este periodo se extienda por un lapso igual. La cartera educativa fundamentó esta decisión en una exhaustiva revisión de carácter jurídico, técnico, financiero y operativo sobre la administración del fondo. De acuerdo con el análisis realizado por el ministerio, se identificaron diversas dificultades en la operación que impactaron directamente el acceso de los docentes y sus familias a los servicios médicos, así como el reconocimiento de sus prestaciones económicas.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, calificó la medida como una "decisión de carácter histórico", subrayando que el objetivo principal es proteger los derechos fundamentales de los maestros y sus familias. La funcionaria señaló que la intervención busca corregir situaciones adversas e irregulares que se presentaron durante la ejecución del contrato fiduciario.
Uno de los puntos más críticos revelados en la revisión es el estado financiero del fondo. El Ministerio de Educación identificó un patrimonio negativo de 3,198 billones de pesos con corte a junio de 2026. Ante este panorama, la entidad enfatizó la necesidad urgente de establecer con claridad el estado de los recursos y analizar las condiciones bajo las cuales fueron administrados a lo largo de la vigencia del contrato.
Debido a la gravedad de los hallazgos, la información fue presentada ante el Consejo Directivo del Fomag y remitida formalmente a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Estos organismos de control deberán evaluar los hechos según sus competencias para determinar si es procedente la apertura de actuaciones legales.
En paralelo, la ministra Hoyos solicitó al presidente Abelardo de la Espriella la orden de realizar una auditoría forense. Esta investigación especializada tiene como propósito examinar a fondo la administración de los recursos, el contrato fiduciario y toda la contratación derivada, con el fin de determinar si existieron irregularidades o posibles actos de corrupción, aunque la cartera aclaró que no se anticipan responsabilidades hasta que se completen las indagaciones.
Para llegar a esta decisión, el Ministerio de Educación revisó el contrato 083 de 1990 y sus 43 otrosíes, además de analizar informes de supervisión, actas del Consejo Directivo, decisiones judiciales y actuaciones de organismos de control. Asimismo, se tomó como antecedente el Concepto 2227 de 2014 del Consejo de Estado para proceder con la terminación del vínculo y dar paso a una licitación pública.
Durante el periodo de transición, Fiduprevisora S.A. deberá seguir cumpliendo con sus obligaciones y entregar un plan detallado de actividades. El Ministerio de Educación ya anunció que iniciará los estudios previos para seleccionar al nuevo administrador de los recursos mediante un proceso licitatorio y ha solicitado los fondos necesarios al Ministerio de Hacienda para respaldar la operación. La ministra Hoyos aseguró que este proceso garantizará la continuidad de los derechos a la vida, la salud, las pensiones y las cesantías, confirmando que las oficinas del Fondo permanecen abiertas y que se ha iniciado la revisión de la red de prestadores.
Por su parte, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha instado a los docentes a mantenerse en estado de "máxima alerta". La organización aclaró que la finalización del contrato no implica la liquidación del Fondo, ni la derogación de la Ley 91 de 1989, ni la modificación del modelo de salud adoptado en el Acuerdo 003 de 2024. Fecode enfatizó que los derechos de docentes, pensionados y beneficiarios no se extinguen por el cambio de administrador y pidió preservar el régimen especial de salud del magisterio.
Fecode también alertó sobre la situación financiera, citando un diagnóstico del Ministerio de Educación que señala un déficit de 2,699 billones de pesos en el componente de salud al cierre de 2026. Según la Federación, se trasladaron 859.286 millones de pesos desde el rubro de pensiones hacia la salud, pero persistiría un faltante de 1,840 billones de pesos sin una fuente de financiación identificada.
Finalmente, la Federación exigió que la transición cuente con cronogramas claros, responsables definidos y mecanismos de verificación. Solicitó expresamente garantizar la continuidad de urgencias, cirugías, hospitalizaciones, tratamientos de enfermedades crónicas y de alto costo, así como la entrega de medicamentos y el pago regular a los prestadores, el cumplimiento de órdenes judiciales y el reconocimiento oportuno de pensiones y cesantías.
