Una jueza federal ha frenado las tácticas agresivas del Gobierno de Trump para presionar a funcionarios electorales en todo Estados Unidos. La jueza de distrito Trina Thompson concedió una orden de restricción temporal para evitar que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional interfieran en la administración electoral.
Según la sentencia, estas agencias no podrán exigir a los funcionarios que separen boletas, eliminen votantes de los padrones ni detengan el procesamiento de votos. Además, la jueza bloqueó las amenazas de procesos penales contra los empleados electorales, afirmando que quienes administren las elecciones de 2026 conforme a la ley no están cometiendo delitos federales, incluso si alguna boleta pertenece a alguien que presuntamente no reúne los requisitos para votar.
La jueza Thompson señaló que, aunque el Gobierno afirma buscar detener el voto ilegal de personas no ciudadanas, es probable que sus acciones priven del derecho al voto a ciudadanos habilitados.
Este caso fue presentado en el Distrito Norte de California por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles, como la NAACP y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Denuncian que la administración viola la Ley de Derecho al Voto y se intromete inconstitucionalmente en el control estatal de las elecciones.
Uno de los puntos más críticos es una operación de cotejo de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios electorales advierten que las listas de presuntos no ciudadanos generadas por este programa no son fiables e incluyen a ciudadanos estadounidenses.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha enviado cartas a 29 estados y a Washington D.C., exigiendo conservar registros de las elecciones de 2024 bajo amenaza de investigación.
La orden judicial vigente expira el próximo 16 de noviembre.
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