El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha devuelto al Congreso las reformas al Código Procesal Penal contenidas en el Decreto 23-2026, aplicando un veto por inconstitucionalidad. Esta decisión detiene la sanción, promulgación y publicación de los cambios que habían sido remitidos al Ejecutivo.
¿Cuáles son los motivos técnicos detrás de este veto? El Ejecutivo concluyó que el decreto presenta vacíos legales, hace referencias a normas que ya han sido derogadas y genera riesgos considerables para la seguridad jurídica del país.
Un punto crítico destacado en el análisis presidencial es que el texto aprobado hace referencia a medidas sustitutivas que deberían estar “enumeradas en el presente artículo”; sin embargo, la norma no enumera cuáles son esas medidas. Por esta razón, la Presidencia sostiene que la reforma hace referencia a una norma que ya no existe en el ordenamiento jurídico guatemalteco, una situación que afecta la certeza y la coherencia de la legislación vigente.
Además, el análisis advierte un riesgo operativo: la posibilidad de que las nuevas obligaciones entren en vigencia antes de que existan las capacidades operativas necesarias para cumplirlas.
Para poner en contexto la línea de tiempo, estas reformas fueron aprobadas por el Congreso el pasado 29 de septiembre de 2026 y fueron remitidas al Ejecutivo el 12 de octubre.
¿Qué sigue ahora? Tras la devolución del decreto, el proceso regresa al Legislativo. Ahora corresponde al Congreso de la República conocer y evaluar las observaciones presentadas por el presidente Arévalo para determinar el destino de estas reformas al Código Procesal Penal.
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