¿Dónde trabajan más de ocho mil personas en un solo edificio? Esta es la pregunta que hoy sacude al Palacio Justo Arosemena.
Según datos actualizados de la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional cuenta con 8,308 funcionarios. Esta cifra ya supera la planilla del Órgano Judicial, que tiene 7,435 empleados, y la de la Procuraduría General de la Nación, con 7,713.
Mantener a este personal cuesta 13.2 millones de dólares al mes, lo que representa más de 158 millones de dólares anuales, sin contabilizar el décimo tercer mes ni las cuotas obrero-patronales. El crecimiento ha sido acelerado: desde mayo, el Legislativo sumó 2,511 nuevos empleados.
Aunque la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, intentó desmentir la cifra en el pleno, los datos que ella misma proporcionó sumaron 8,309 personas, confirmando prácticamente el reporte de la Contraloría.
La desproporción es evidente en los despachos. Mientras algunos diputados operan con equipos reducidos, otros manejan nóminas masivas. El caso más destacado es el del diputado Benicio Robinson, quien cuenta con 145 personas en su despacho, con un costo mensual de 261,255 dólares. En promedio, la planilla equivale a 117 funcionarios por cada curul.
El impacto financiero es crítico. El presupuesto de la Asamblea para 2026, aprobado originalmente en 98.7 millones de dólares, ya superaba los 194 millones a septiembre debido a diversas modificaciones. De este monto, 17.1 millones de dólares fueron trasladados desde el Ministerio de Salud, destinándose en un 95% al pago de personal transitorio.
Un gasto que genera fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia del uso de los fondos públicos en el Legislativo.
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