¿Cuál debe ser el rol de las autoridades durante una manifestación? La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia tiene una respuesta clara para el Congreso de la República.
En medio de las tensiones por el decreto que regula la protesta, el organismo internacional presentó siete recomendaciones para el trámite de la ley estatutaria sobre el derecho a la reunión y manifestación pública pacífica. La ONU sostiene que la función principal de las autoridades no es controlar o impedir la protesta, sino generar las condiciones para que se desarrolle de manera segura.
Según la representación de Naciones Unidas, las interrupciones temporales de la movilidad son inherentes a este derecho y no justifican, por sí solas, su restricción. Por ello, proponen que las autoridades distingan estrictamente entre quienes protestan pacíficamente y quienes cometen actos violentos, ya que una manifestación no pierde su protección jurídica por conductas aisladas de algunos participantes.
Respecto al uso de la fuerza, la ONU advierte que debe ser excepcional y basarse en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El organismo es enfático: las armas de fuego no pueden utilizarse para dispersar manifestaciones ni proteger bienes materiales, quedando reservadas únicamente para proteger la vida.
La propuesta también incluye la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, medidas específicas para mujeres y comunidades étnicas, y salvaguardas frente al uso de tecnologías de vigilancia. Finalmente, solicitan que cualquier violación de derechos humanos sea investigada de forma pronta, independiente e imparcial, asegurando el acceso a la justicia y la reparación.
Con estas peticiones, la ONU busca que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales y reconozca la protesta social como una vía legítima de participación democrática.
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