La justicia ecuatoriana ha ratificado, este jueves 29 de octubre de 2026, la inocencia de ocho pescadores que habían sido acusados de colaborar con organizaciones criminales. La resolución judicial pone fin a la situación jurídica de estos tripulantes, quienes formaban parte de la dotación de una embarcación en el Océano Pacífico que fue interceptada y posteriormente bombardeada durante una serie de maniobras militares ejecutadas por fuerzas extranjeras.
Según el dictamen emitido por la corte, no se encontraron elementos probatorios suficientes que permitieran vincular a los navegantes con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Esta decisión, reportada por la agencia EFE, permitió que los procesados fueran exonerados de los cargos por asociación ilícita, al tiempo que el tribunal cuestionó severamente la gestión del proceso penal.
El juez a cargo del tribunal, al constatar la ausencia total de sustento acusatorio, declaró la inocencia de los ocho ciudadanos. No obstante, la sentencia no se limitó a la absolución, sino que incluyó un llamado de atención formal al fiscal de la causa. El magistrado criticó el hecho de que se haya abierto un proceso penal carente de evidencias concretas, una acción que, según detalló el defensor Juan Alvia, derivó en desembolsos innecesarios de recursos económicos por parte del Estado ecuatoriano.
Los hechos que dieron origen a este proceso se remontan al pasado 8 de septiembre, fecha en la que la nave denominada "Don Rufo" terminó hundida. La embarcación fue blanco de una incursión llevada a cabo por uniformados de Estados Unidos, quienes actuaban en coordinación con las autoridades locales. Esta operación se desarrolló en el marco de patrullajes ejecutados entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre.
Un detalle relevante del caso es que el grupo de marineros ahora absueltos no fue capturado durante el incidente inicial contra la nave mayor. Los ocho ciudadanos lograron abandonar el navío nodriza utilizando lanchas de menor calado momentos antes de que se produjera el ataque armado. Tras el hundimiento del "Don Rufo", los pescadores permanecieron a la deriva en el océano durante dos jornadas, hasta que fueron ubicados por patrullas navales ecuatorianas, momento en el cual fueron puestos bajo custodia policial.
El proceso judicial ha revelado que el grupo de tripulantes del "Don Rufo" no fue afectado de manera uniforme. Mientras que ocho fueron juzgados y ahora absueltos, otros seis compañeros del mismo barco habían recibido la libertad plena previamente, sin enfrentar cargos, tras arribar al puerto de Manta. Por otro lado, la situación sigue abierta para un tripulante adicional que no acudió a las convocatorias judiciales y que será procesado bajo un expediente individual. Asimismo, un adolescente vinculado al caso aguarda la definición de la fecha para su respectiva audiencia.
Las acusaciones iniciales se basaron en reportes remitidos por el Comando Sur de Estados Unidos. Estos antecedentes operacionales indicaban que la nave destruida formaba parte de una flota de ocho barcos que presuntamente funcionaban como plataformas flotantes de suministro de combustible para lanchas rápidas que transportaban cargamentos de droga hacia el norte del continente.
Con base en estos informes estadounidenses, la fiscalía pretendió vincular a los ocupantes de la nave con la organización delictiva conocida como "Los Choneros", banda que se encuentra conectada con el Cartel de Sinaloa y que ha sido clasificada como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia, ninguna de estas sospechas pudo ser sustentada con pruebas reales.
Los expedientes judiciales revelan que existe un patrón de sentencias ratificatorias de inocencia en casos similares. Durante la etapa de juicio, se evidenció que el fiscal no incorporó ningún elemento probatorio remitido por los destacamentos estadounidenses que demostrara la comisión de delitos por parte de los pescadores.
Esta deficiencia procesal no es un caso aislado. A inicios de octubre, una situación jurídica idéntica benefició a otros 32 tripulantes pertenecientes a dos naves que fueron intervenidas en condiciones similares. Actualmente, la defensa legal de otros 46 navegantes, provenientes de otras dos embarcaciones, espera un fallo favorable, ya que su juzgamiento fue pospuesto para el próximo 4 de noviembre.
