El proceso judicial relacionado con el atentado perpetrado en Costa Rica contra los refugiados nicaragüenses Joao Maldonado y Nadia Robleto ha alcanzado una etapa decisiva. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, ubicado en San José, ha programado para el próximo 9 de noviembre de 2026 el paso a la etapa de conclusiones, luego de que se escucharan los testimonios de las víctimas y se analizaran las pruebas presentadas por la parte acusadora.
Este juicio comenzó formalmente el 18 de septiembre de 2026 con la lectura de la acusación del Ministerio Público contra el ciudadano costarricense Jeremy Jacobo Rivas Núñez. Al imputado se le acusa del delito de tentativa de homicidio calificado. El proceso avanzó durante los días 26 y 27 de octubre de 2026, fechas en las que Nadia Robleto y Joao Maldonado brindaron sus declaraciones ante el tribunal.
Marlon Mendieta, abogado representante de las víctimas, ha señalado que el juicio se encuentra ya en su fase final. Según el jurista, los testimonios presentados por Robleto y Maldonado han sido completos, consecuentes y congruentes con los hechos detallados en la querella. Mendieta indicó que solo resta incorporar al debate algunas pruebas que quedaron pendientes antes de cerrar la etapa probatoria.
La siguiente audiencia está fijada para el 9 de noviembre de 2026 a las 9:30 de la mañana. En dicha sesión se presentarán las últimas evidencias pendientes y, acto seguido, el tribunal habilitará el espacio para las conclusiones finales de la Fiscalía, la parte querellante y la defensa. Se estima que este proceso de conclusiones pueda extenderse por dos días completos o incluso más tiempo. Una vez concluidas estas intervenciones, el tribunal entrará en la fase de deliberación para emitir el veredicto final.
En cuanto a la sentencia, el abogado Mendieta adelantó que, de declararse la culpabilidad del imputado, solicitará la pena máxima de prisión. Esta petición se fundamenta en la gravedad del ataque y en las secuelas permanentes que sufrieron las víctimas. De acuerdo con el artículo 112 del Código Penal de Costa Rica, la pena máxima por tentativa de homicidio calificado es de 35 años de prisión. Dado que el ataque fue dirigido contra dos personas, el abogado pedirá un total de 70 años de cárcel para el presunto gatillero.
Es importante precisar que, en este juicio, solo se procesa a Jeremy Jacobo Rivas Núñez, señalado como el ejecutor material de los disparos ocurridos el 10 de enero de 2024 en San Pedro, Montes de Oca. En aquel atentado, Joao Maldonado recibió ocho impactos de bala, mientras que Nadia Robleto fue alcanzada por un proyectil en la columna vertebral.
Durante el juicio, las víctimas expresaron sus sospechas sobre la participación de otras personas, específicamente del periodista nicaragüense Danilo Aguirre Sequeira. Según los testimonios, Aguirre contactó a Maldonado vía Facebook para ofrecerle un pago a cambio de grabar imágenes para una presunta televisora mexicana. Las grabaciones se realizaron el 9 de enero de 2024 y el día siguiente, las víctimas se reunieron con Aguirre en un hotel de San José para entregar el material. En dicho encuentro, Aguirre se negó a revisar el contenido, propuso nuevas grabaciones y solicitó un plazo de 15 días para el pago. Minutos después de esta reunión, ocurrió el atentado.
A pesar de estas señalamientos, Danilo Aguirre Sequeira no es procesado actualmente. El abogado Mendieta explicó que la Fiscalía solo acusó a la persona que tiene plenamente identificada y que aún no cuenta con elementos de prueba suficientes para vincular legalmente a otros implicados. Además, Aguirre se encuentra en Nicaragua, lo que imposibilita su extradición inmediata, aunque el equipo legal evalúa la posibilidad de realizar un requerimiento formal. Mendieta enfatizó que el procesamiento del gatillero no excluye automáticamente a otros partícipes.
Por su parte, Salvador Marenco, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, destacó que este es el primer juicio sobre la represión transnacional de la dictadura nicaragüense que se lleva a cabo en Costa Rica. Marenco lamentó que el Estado costarricense inicialmente calificara el atentado contra Maldonado como un hecho aislado.
El defensor de derechos humanos advirtió que, si se hubiera tomado con seriedad el caso de Maldonado, podrían haberse evitado otros hechos violentos en suelo costarricense, citando los asesinatos de Jaime Luis Ortega Chavarría y Roberto Samcam, así como atentados contra Reinaldo Picado y otros periodistas. Marenco calificó la situación actual como urgente y grave, mencionando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a diez personas en situación de riesgo en Costa Rica. Finalmente, instó a las autoridades costarricenses a seguir investigando para lograr una justicia completa y no parcial.
