La relación entre el presidente argentino Javier Milei y su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ha sufrido un nuevo y grave deterioro en las últimas 24 horas. La tensión, que hasta ahora se mantenía en el plano de la retórica, ha pasado a la acción concretamente con la decisión del gobierno argentino de colaborar en la salida de Flavio Bolsonaro del territorio brasileño, desconociendo así una orden de la Justicia de su país.
Flavio Bolsonaro tenía prohibido abandonar Brasil por mandato del juez Alexandre de Moraes. Si bien técnicamente la responsabilidad de hacer cumplir dicha medida recaía sobre el sistema migratorio brasileño y no sobre el argentino, las autoridades de la Casa Rosada no se limitaron a permitir su paso, sino que prestaron apoyo logístico activo para facilitar su escape hacia Estados Unidos.
Esta maniobra parece estar alineada con las estrategias de los Estados Unidos, ya que la huida de Bolsonaro se concretó una vez que funcionarios de Donald Trump autorizaron su recepción en Miami. Desde allí, el senador exiliado se proclamó como el nuevo presidente de Brasil, aunque luego rectificó su declaración para definirse como "líder de Brasil". Ante esto, Donald Trump ha mantenido una postura ambigua, limitándose a confirmar que dieron permiso para su entrada al país y calificando la elección brasileña como "muy extraña".
El operativo de escape incluyó detalles curiosos y contradictorios. Mientras voceros informales de Milei negaban cualquier intervención gubernamental, el propio Bolsonaro agradeció el apoyo recibido. El traslado hacia el aeropuerto de Puerto Iguazú se realizó en una combi escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acompañada por otros dos vehículos, uno de los cuales poseía patente diplomática argentina.
En el centro de este operativo se encontraría Santiago Caputo, asesor presidencial, quien habría coordinado el traslado. Caputo, quien inicialmente negó haber viajado a Puerto Iguazú y luego respondió con un "misterio" al ser confrontado con las pruebas, habría convocado a la empresa Baires Fly, propiedad de Luis Grande. Esta gestión se daría en un contexto de tensiones internas entre asesores, donde Colunga, vinculado a Caputo, mantiene una rivalidad con Gustavo Carmona, quien reporta a Juan Bautista Mahiques.
La crisis diplomática ha tenido repercusiones inmediatas en el Congreso argentino, donde ya se solicitan informes y se impulsan iniciativas legislativas para cuestionar la estrategia diplomática del oficialismo. Simultáneamente, el presidente Lula da Silva ha reforzado sus vínculos con la oposición argentina, enviando mensajes de agradecimiento a figuras como Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. En Argentina, algunos sectores militantes han llegado a crear grupos de comunicación bajo el nombre de "Ejército del peronismo", emulando dinámicas de la campaña brasileña.
En el plano judicial brasileño, la situación es compleja. El juez Alexandre de Moraes, a quien Milei calificó previamente como "basura calva", enfrenta él mismo acusaciones graves, como haber asesorado a un financista sobre cómo fugarse del país. Por su parte, Flavio Bolsonaro es investigado por compartir una cuenta en la Isla de Madeira con el abogado Willer Tomaz, implicado en el movimiento de 1.000 millones de dólares en apuestas digitales.
Mientras tanto, en el ámbito legislativo interno, Argentina debate la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El oficialismo introdujo modificaciones a pedido de Estados Unidos, restringiendo los castigos a empresas que explotan recursos naturales en Malvinas. Además, la ley establece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que sería manejado por Santiago Caputo, con facultades para controlar inversiones de Estados extranjeros en sectores estratégicos como minería, telecomunicaciones e hidrocarburos. Esta atribución ha generado interrogantes sobre la posible reacción de China y el impacto que tendría en el swap de monedas que sostiene las reservas del Banco Central.
