La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido una grave advertencia sobre la situación actual que atraviesan los profesionales de la comunicación y las figuras críticas en Guatemala. Durante el desarrollo de su 82 Asamblea General, celebrada en la ciudad de Bogotá, la organización gremial manifestó su profunda preocupación ante el recrudecimiento de la violencia criminal, la cual parece estar siendo utilizada como un mecanismo deliberado para silenciar a las voces críticas dentro del país centroamericano.
El informe presentado por la SIP pone especial énfasis en la gravedad de los asesinatos recientes que han conmocionado al sector periodístico y judicial. Entre los casos más alarmantes se encuentran los crímenes armados contra dos comunicadores sociales. El primero de ellos, Carlos Cal Ical, fue acribillado en el departamento de Alta Verapaz, mientras que el segundo, Lisandro López Sánchez, fue víctima de un ataque a tiros en Huehuetenango. Estos hechos subrayan la vulnerabilidad de los periodistas que operan en diversas regiones del territorio guatemalteco.
A este escenario de violencia contra la prensa se sumó la muerte del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. El exfuncionario fue ultimado por sicarios en la zona 5 de la capital, lo que amplía la alarma sobre el riesgo que corren no solo quienes informan, sino también aquellos que han desempeñado roles críticos en la administración de justicia. Para la SIP, estos asesinatos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón de agresiones destinadas a inhibir la fiscalización y la crítica.
Más allá de los homicidios, la gremiadora lamentó la proliferación de otras formas de hostigamiento. En el informe se señaló el incremento de amenazas contra integrantes de diversos medios de comunicación, así como la ejecución de detenciones y la existencia de posibles actos de criminalización. Estas acciones representan una presión constante sobre la labor periodística, creando un entorno de inseguridad que limita el ejercicio libre de la profesión.
Asimismo, la SIP denunció que existen intentos sistemáticos para limitar el acceso a la información pública. Estas acciones han sido atribuidas a funcionarios del gobierno liderado por el presidente Bernardo Arévalo. La organización sostiene que la transparencia, pilar fundamental de cualquier democracia, se está viendo comprometida por decisiones administrativas que obstruyen el flujo de datos hacia la ciudadanía y la prensa.
Un ejemplo concreto de estas limitaciones fue señalado en el Ministerio de Economía. Según la denuncia de la SIP, esta cartera gubernamental tomó la decisión de modificar la información disponible vinculada a las licitaciones públicas. Esta modificación, según el informe, tiene como efecto directo la restricción de la fiscalización ciudadana, impidiendo que la sociedad y los medios de comunicación puedan supervisar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y los procesos de contratación del Estado.
Para respaldar este diagnóstico, la Sociedad Interamericana de Prensa se basó en cifras proporcionadas por la organización Red Rompe el Miedo. Esta entidad se ha encargado de documentar el impacto de la violencia y la persecución en el país, registrando un total de 51 casos y 73 agresiones dirigidas contra periodistas, comunicadores sociales y diversos medios de comunicación. Estas estadísticas proporcionan un sustento cuantitativo a la preocupación de la SIP sobre la degradación de las condiciones de seguridad para quienes ejercen el derecho a informar.
En conclusión, la SIP ha puesto el foco sobre Guatemala al advertir que la combinación de violencia física, criminalización y opacidad gubernamental constituye una amenaza directa para la libertad de expresión. La organización insta a que se detengan los mecanismos de silenciamiento y se garantice el acceso irrestricto a la información pública para asegurar una fiscalización efectiva del poder.
