El ayuntamiento de Veracruz ha formalizado una denuncia penal contra la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), señalando la posible comisión de delitos relacionados con la administración fraudulenta y el fraude en grado de tentativa. Esta acción legal, anunciada el pasado 19 de octubre, no representa un hecho aislado, sino que se integra a un panorama de irregularidades previamente documentadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis).
De acuerdo con la información disponible, el Orfis llevó a cabo una auditoría que abarca el periodo operativo entre 2022 y 2026, en la cual se detectaron un total de 52 observaciones sobre el desempeño de la concesionaria. Este conjunto de hallazgos, sumado a la denuncia municipal, coloca a la empresa bajo el escrutinio de las autoridades competentes, exigiendo respuestas claras y la toma de decisiones administrativas y legales.
El punto más crítico de la denuncia presentada por el gobierno municipal se centra en una cartera de cobro que asciende a los 2 mil 660 millones de pesos. Grupo MAS pretendía trasladar este monto a más de 82 mil usuarios del servicio. No obstante, el Instituto Metropolitano del Agua rechazó dicha solicitud, argumentando que existen inconsistencias graves y que la empresa no presentó los elementos suficientes para acreditar que dichos adeudos fueran exigibles legalmente.
Dentro de esta cifra millonaria, se destaca que más de 656 millones de pesos corresponden a supuestos consumos que no fueron facturados en su momento. Ante este escenario, la Fiscalía deberá investigar a fondo cómo se integraron estas cantidades, quiénes fueron los responsables de autorizar dichos cobros y si hubo un intento deliberado de trasladar a las familias veracruzanas una deuda que carece de sustento documental suficiente.
La investigación solicitada por el ayuntamiento también se extiende al ámbito financiero interno de la concesionaria. Se pide indagar sobre pagos realizados durante los años 2024 y 2025, que suman 176.7 millones de pesos, destinados a empresas vinculadas con la firma española Acciona. Asimismo, la denuncia pone el foco en las remuneraciones de directivos, que alcanzan hasta los 5.8 millones de pesos anuales. Si bien estos montos no constituyen por sí mismos un delito, la autoridad municipal sostiene que justifican una revisión exhaustiva de los contratos, la autorización de las operaciones y su compatibilidad con las obligaciones inherentes a una empresa que administra un servicio público concesionado.
Por su parte, la auditoría del Orfis aporta datos técnicos y financieros que agravan la situación de Grupo MAS. De las 52 observaciones realizadas, 45 son de carácter técnico, tres son financieras y cuatro se refieren a temas de legalidad. El organismo fiscalizador expuso deficiencias significativas en materia de mantenimiento e infraestructura, así como incumplimientos relacionados con las inversiones obligatorias y el fideicomiso de garantía.
Además, el Orfis señaló dificultades para rastrear el destino final de los recursos recaudados y criticó que la documentación presentada sea insuficiente para acreditar la calidad del agua de manera continua. En el plano financiero, la auditoría detectó una diferencia superior a los 20.7 millones de pesos en las contraprestaciones por arrendamiento que la empresa debía pagar al Instituto Metropolitano del Agua.
Es importante recordar que la concesión para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Veracruz y Medellín de Bravo fue otorgada en el año 2015. Desde entonces, el marco operativo de la empresa ha estado definido por un título de concesión sujeto a la supervisión pública. Los señalamientos actuales subrayan la necesidad de que estas observaciones se traduzcan en procedimientos legales y responsabilidades concretas, evitando que el caso se perciba como una simple disputa política.
Finalmente, el análisis de la situación pone énfasis en la responsabilidad de los gobiernos municipales. Bajo la premisa de que una empresa no puede supervisarse a sí misma, se demanda que las autoridades involucradas en el esquema de concesión expliquen qué controles aplicaron y qué medidas tomaron ante los incumplimientos detectados. La concesión del servicio no exime al sector público de su responsabilidad de garantizar el suministro ni le autoriza a desentenderse de los resultados operativos.
En este momento, el proceso queda en manos de la Fiscalía para la investigación de los delitos denunciados, del Congreso y las instancias competentes para evaluar los hallazgos de la auditoría, y de los ayuntamientos para ejercer sus facultades legales. De acreditarse los incumplimientos, corresponde la aplicación de las sanciones pertinentes o, en su caso, la revisión integral de la concesión.
