La ciudad de Bend, Oregon, se encuentra sumida en el dolor y la incertidumbre tras un trágico tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, donde un adolescente de 16 años acabó con la vida de tres niños y una maestra. El ataque terminó abruptamente cuando el agresor fue abatido a tiros por el padre de uno de los alumnos. Además de los fallecidos, otras dos personas, un niño y una docente, resultaron heridas durante el incidente.
En el centro de la conmoción pública y la investigación judicial se encuentra una pregunta fundamental: ¿cómo pudo un menor de edad obtener un arma de fuego en un estado donde, por ley, es ilegal que cualquier persona menor de 18 años posea una, salvo excepciones muy específicas? Esta interrogante es el eje de lo que el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, ha definido como una “investigación criminal en curso”.
De acuerdo con información proporcionada por un alto funcionario policial a CNN, el arma utilizada en el ataque fue una escopeta de corredera que había sido comprada por la madre del adolescente. Al momento de neutralizar al sospechoso, identificado como Griffin J. John II, las autoridades encontraron que el arma aún contaba con aproximadamente 44 cartuchos de munición.
Bajo la legislación de Oregon, aunque la posesión de armas por menores está prohibida, existen salvedades para ciertas armas largas si estas fueron transferidas por los padres o si se emplean temporalmente para la práctica de tiro o la caza. Sin embargo, los investigadores ahora buscan determinar si este caso se encuadra en dichas excepciones o si hubo una negligencia criminal.
La investigación ha avanzado con la ejecución de órdenes de registro en la vivienda del atacante el pasado jueves, donde se incautaron computadoras y diversos dispositivos electrónicos. Las autoridades han obtenido órdenes judiciales para extraer datos de estos equipos, buscando señales de planificación o alertas previas.
El rumbo de este caso podría seguir la tendencia observada en otros estados donde se ha ampliado la responsabilidad penal de los padres en tiroteos escolares. En Michigan, James y Jennifer Crumbley fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario, luego de que su hijo de 14 años perpetrara un ataque escolar. De manera similar, en Georgia, Colin Gray fue condenado a 15 años de prisión por homicidio tras el ataque cometido por su hijo, también de 14 años.
En ambos casos, la fiscalía argumentó que los padres actuaron con negligencia criminal al comprar armas para sus hijos como regalos navideños, dejarlas sin asegurar y, fundamentalmente, ignorar que sus hijos presentaban problemas de salud mental y representaban una amenaza para terceros. En el caso de Georgia, el padre había sido advertido indirectamente cuando la policía investigó una amenaza en línea hecha por su hijo un año antes, pero aun así le compró un rifle AR-15 y permitió que lo guardara en su habitación.
Expertos legales sugieren que la investigación en Oregon podría seguir un camino análogo. Andrew McCabe, analista sénior de las fuerzas del orden de CNN, señaló que esto podría derivar en acusaciones penales contra los padres, siempre que se encuentre evidencia concreta de que sabían que el menor se encontraba en una situación vulnerable y, aun así, le facilitaron el acceso al arma. Juliette Kayyem, analista de seguridad nacional, coincidió en que el foco estará en el acceso al armamento y el conocimiento previo de los padres sobre los riesgos.
Por su parte, Katherine Schweit, exfiscal de Chicago y agente especial del FBI, aclaró que la compra de un arma para un niño no es ilegal en sí misma, pero la responsabilidad surge cuando hay negligencia comprobable.
Sobre el perfil del agresor, la policía informó que Griffin J. John II era un antiguo alumno con necesidades especiales. En 2020, su madre había relatado a medios locales que su hijo estaba inscrito en un programa especializado para niños con desafíos conductuales y de habilidades sociales intensivos, expresando en aquel momento su esperanza de que recibiera la ayuda necesaria de profesores cualificados.
En una breve declaración a CNN desde su balcón, la madre del sospechoso afirmó que no hubo señales de alerta y se negó a comentar cómo su hijo accedió al arma. "Lo siento muchísimo, ojalá hubiera podido hacer algo. Lamento su pérdida", declaró.
Mientras la comunidad de Bend comienza su proceso de duelo, la justicia busca respuestas sobre la responsabilidad de los adultos en la custodia de las armas y la prevención de tragedias escolares.
