La Policía de Investigaciones (PDI) ha ejecutado un despliegue policial de gran escala en la Región de O'Higgins, con el objetivo primordial de desarticular una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre. Este operativo, denominado "Operación Veta Roja", ha resultado hasta el momento en la detención de 59 personas, en lo que se considera un golpe significativo contra las redes de robo de minerales en la zona central del país.
La magnitud de la intervención policial quedó evidenciada por la cantidad de recursos humanos movilizados. Para llevar a cabo las detenciones y los allanamientos simultáneos, la PDI desplegó a más de 300 funcionarios, quienes coordinaron sus acciones en diversos puntos estratégicos de la región. Según la información confirmada por la Fiscalía de O’Higgins, los operativos se concentraron específicamente en las comunas de Rancagua, Machalí, Coya y Mostazal, donde se llevaron a cabo las capturas de los implicados.
En el marco de la Operación Veta Roja, las fuerzas policiales no solo se centraron en los domicilios y propiedades privadas de los sospechosos, sino que también extendieron los allanamientos a dependencias y oficinas de firmas que mantienen vínculos directos con la empresa estatal Codelco. Un detalle relevante de la jornada fue la detención de dos de los imputados, quienes fueron capturados en el momento exacto en que se encontraban desempeñando sus labores dentro de la mina El Teniente, lo que sugiere la existencia de complicidad interna en la sustracción del material.
La investigación es liderada por la Fiscalía de Análisis Criminal de O'Higgins, organismo que ha coordinado los esfuerzos legales y estratégicos para desmantelar esta banda. En el plano operativo, la ejecución de las órdenes de allanamiento y detención estuvo a cargo de dos unidades especializadas de la PDI: la Brigada de Robos y la Brigada de Lavado de Activos. La participación de esta última unidad indica que la investigación no solo se centra en el acto del robo, sino también en el seguimiento del flujo monetario derivado de la venta ilegal del metal.
De acuerdo con los antecedentes recabados por los investigadores, la organización criminal operaba bajo un esquema diversificado de sustracción. El grupo se dedicaba al robo de cobre proveniente de dos fuentes principales: por un lado, sustraían material desde las bodegas de empresas que prestan servicios a Codelco y, por otro lado, realizaban cortes y robos de cableado perteneciente a diversas empresas eléctricas de la zona. Una vez obtenido el material, este era trasladado y comercializado en el mercado informal, evitando así los controles legales y tributarios.
Respecto a la estructura de la banda, las autoridades han señalado que, si bien aún se está determinando el rol específico de cada uno de los 59 detenidos, todo indica que forman parte de una cadena logística completa. Esto implica que la organización contaba con personas encargadas de la planificación, la ejecución de los robos, el transporte del mineral y, finalmente, los contactos para la venta en el mercado negro.
El procedimiento policial se mantiene activo y en desarrollo. Desde la Fiscalía y la PDI han advertido que la cifra de detenidos podría aumentar a medida que se analice la evidencia encontrada durante los allanamientos y se procese la información obtenida en las oficinas vinculadas a Codelco. Las diligencias continúan para establecer la totalidad de los activos robados y el monto económico que la organización logró generar a través de estas actividades ilícitas.
Este operativo subraya la complejidad de los delitos contra el patrimonio industrial y la infraestructura eléctrica en la región, evidenciando la necesidad de coordinar análisis criminales profundos para atacar no solo la ejecución del robo, sino también el lavado de activos que permite la sostenibilidad de estas redes criminales en el tiempo.
