La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil ha presentado un parecer formal ante el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Edson Fachin, en el cual se manifiesta explícitamente a favor de mantener la prisión cautelar de varios implicados en investigaciones judiciales de alta complejidad. Entre las personas cuya detención se solicita preservar se encuentran Henrique Vorcaro y Felipe Vorcaro, quienes mantienen un vínculo familiar directo al ser el padre y el primo, respectivamente, de Daniel Vorcaro.
Además de los miembros de la familia Vorcaro, la PGR ha solicitado que se mantenga la medida cautelar sobre Fabiano Zettel y Daniel Lopes Monteiro. De acuerdo con la documentación presentada, ambos individuos son señalados como operadores del banquero involucrado en las pesquisas. Este grupo de personas se encuentra actualmente bajo investigación en el marco de dos operativos específicos denominados "Compliance Zero" y "Sem Desconto", los cuales están estrechamente vinculados al denominado "Caso Master".
En el documento remitido al STF, la PGR enfatiza que su postura actual no representa un cambio de criterio, sino una ratificación de sus solicitudes previas. El órgano rector del Ministerio Público afirma que ya se había manifestado anteriormente en contra de las solicitudes de revisión de la prisión cautelar presentadas por los citados, y sostiene que, en el momento presente, no existe ninguna alteración de los hechos o de las circunstancias jurídicas que justifique un cambio de posición sobre la necesidad de mantener las detenciones.
Un punto central del parecer se refiere a la conducta del ministro André Mendonça durante la conducción de las investigaciones. La PGR ha salido en defensa del magistrado, argumentando que no se ha producido ninguna práctica de abuso de autoridad en su gestión. Para sustentar esta afirmación, la manifestación señala que los relatórios elaborados por la Policía Federal no constituyen una investigación dirigida contra el ministro del Tribunal, sino que deben entenderse simplemente como un registro de los hechos que ocurrieron durante el curso normal de las investigaciones.
Sobre la naturaleza de estos documentos, la PGR resalta que los propios relatórios de la Policía Federal indican que no poseen valor probatorio por sí mismos, sino que sirven para señalar direcciones y rutas para las investigaciones en curso. El órgano legal argumenta que, al no ser piezas de instrucción, estos documentos no pueden ser catalogados como pruebas ilícitas, ya que, técnicamente, no son pruebas. Según la PGR, estas piezas se reducen a hipótesis de escenarios concebidos a partir de los hechos que fueron registrados durante la labor policial.
Asimismo, el parecer realiza una distinción técnica fundamental sobre las competencias legales para juzgar posibles faltas. La PGR defiende que la evaluación de una posible violación a la Ley de Abuso de Autoridad recae estrictamente dentro de la competencia de su órgano. Por otro lado, aclara que otras cuestiones legales, tales como los crímenes de responsabilidad o las impropiedades administrativas, pertenecen a la esfera de competencia del Senado Federal y del Plenorio de la Corte, y no deben confundirse con la evaluación del abuso de autoridad.
Finalmente, la Procuraduría General de la República ha decidido acoger el pedido presentado por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). La entidad profesional había manifestado una profunda preocupación respecto a la exposición de contratos y otras piezas procesales relacionadas con el ejercicio de la abogacía. La OAB advirtió sobre la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva antes de la divulgación de tales materiales, solicitando garantías de sigilo cuando el caso lo requiera.
La PGR justificó la aceptación de este pedido argumentando que cualquier material que no presente una connotación ilícita y que trate aspectos de la vida y las relaciones privadas de los ciudadanos cuenta con protección legal. En este sentido, el parecer menciona que dicha protección está respaldada por garantías constitucionales, citando específicamente el artículo 5º, inciso X, de la Constitución, además de las garantías específicas para los abogados indicadas en la pieza presentada por la autarquía postulante.
