Diversas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes han vuelto a poner el foco de atención sobre la situación de los ciudadanos cubanos que son detenidos por manifestarse contra el Gobierno o por llevar a cabo actividades de índole religiosa. En esta ocasión, tres casos específicos han sido denunciados, involucrando al pastor pentecostal Ariel Limias, al tatuador Oscar Echevarría Rubio junto a su esposa, Cleidys García, y al pastor Maikel Pupo Velázquez.
En el primer caso, el pastor Ariel Limias permanece detenido en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado ubicada en La Habana. Según reportó el medio Diario de Cuba, el arresto se produjo hace casi dos semanas, específicamente el pasado 2 de octubre, cuando Limias se manifestó pacíficamente frente al Capitolio Nacional. Durante la protesta, el religioso portaba carteles con los mensajes “Abajo la dictadura” y “No más discriminación política absurda”. Las autoridades pretenden imputarle un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional.
La esposa de Limias pudo visitarlo recientemente y manifestó que el pastor se encuentra tranquilo y se alimenta con normalidad. Se ha informado que ya cuenta con representación legal y ha solicitado un cambio de medida cautelar, aunque la respuesta a dicha petición sigue pendiente. Por su parte, el grupo Justicia11J indicó que ha mantenido contacto telefónico con él y tiene prevista una nueva visita familiar. La organización ha reclamado su liberación inmediata, argumentando que el ejercicio de la libertad de expresión y la manifestación pacífica no deben ser criminalizados, exigiendo además el respeto a sus garantías procesales, su derecho a la defensa y sus derechos fundamentales.
Paralelamente, en la provincia de Sancti Spíritus, se encuentran detenidos Oscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García. Ambos están recluidos en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, conocida popularmente como el "Vivac", tras una protesta ocurrida el 10 de octubre. El hecho se originó cuando Echevarría subió al techo de su vivienda en el reparto Escribano para gritar consignas como “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida” y “Abajo el comunismo”.
De acuerdo con un video difundido en Facebook por Lidia Echevarría y publicado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), la sobrina del tatuador, Aitana Echevarría, secundó la acción durante el operativo policial. La Fiscalía ha impuesto prisión provisional a la pareja mientras avanza la investigación penal, bajo el cargo de desacato. Lidia Echevarría informó a Martí Noticias que su familiar y Cleidys continúan en el Vivac, aunque existe la posibilidad de que sean trasladados a la prisión de Nieves Morejón para esperar el juicio. El periodista Adriano Castañeda, colaborador del ICLEP, señaló que Echevarría no pertenece a ninguna organización opositora, aunque mantiene una postura crítica hacia el Gobierno desde hace tiempo. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) ha calificado este arresto como arbitrario.
El tercer caso corresponde al pastor Maikel Pupo Velázquez, quien se encuentra detenido desde el 26 de septiembre en la prisión Cerámica Roja, en Camagüey. La organización jurídica Cubalex denunció que el arresto ocurrió después de que Pupo convocara a diversas iglesias a una jornada de oración pública por Cuba. A pesar de que las autoridades le advirtieron que no acudiera al lugar y que el propio pastor pidió a los convocados que no asistieran para evitar incidentes, Pupo se presentó solo y fue arrestado. El pastor de la Iglesia Palabra de Fuego Bendición Sagrada ya había sido detenido en julio de 2025 en relación con su labor religiosa y el acompañamiento a familiares de presos políticos.
Cubalex sostuvo que este caso evidencia las restricciones a la libertad religiosa en la isla, a pesar de que los artículos 15 y 57 de la Constitución cubana reconocen el derecho a la libertad religiosa y de culto. La entidad cuestionó las limitaciones impuestas a las comunidades religiosas por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Según el análisis de Cubalex, se han documentado al menos 41 incidentes de violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante el año 2026 hasta la fecha de su publicación.
Finalmente, estos expedientes han servido para resaltar una problemática sistémica en el uso de medidas penales. Según Diario de Cuba, cuatro profesionales con conocimiento del sistema penal cubano, quienes hablaron bajo anonimato, denunciaron que en procesos considerados “sensibles” por las autoridades, la prisión provisional excede su función cautelar y es utilizada como un instrumento de neutralización, control procesal y castigo anticipado. Aunque la legislación procesal penal de Cuba no reconoce la categoría de “asunto sensible”, los testimonios indican que las instituciones judiciales clasifican así ciertos expedientes bajo la supervisión de agentes del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y funcionarios de la Fiscalía.
