Patricia Solano, actual presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), ha manifestado su aspiración de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo que busca asegurar su reelección como magistrada por un nuevo periodo de ocho años. Esta situación genera un escenario particular, ya que ambos procesos se desarrollan de manera simultánea, lo que plantea la posibilidad de que Solano asuma la máxima dirección del Poder Judicial sin que se haya definido aún su continuidad en la magistratura.
El calendario institucional marca que la elección para la presidencia de la Corte iniciará el próximo 26 de octubre. No obstante, el nombramiento actual de Solano como magistrada vence el 6 de noviembre, fecha previa a la definición definitiva de su reelección. En la contienda por la presidencia, la magistrada compite contra otros integrantes de la Sala III, Patricia Vargas y Gerardo Rubén Alfaro, además de Damaris Vargas, quien es la presidenta en ejercicio de la Corte y magistrada de la Sala Primera.
La figura de Solano ha ganado notoriedad debido a los frecuentes enfrentamientos con la administración del exmandatario Rodrigo Chaves, particularmente en temas relacionados con la criminalidad, la seguridad ciudadana y el funcionamiento de los tribunales. Chaves, quien actualmente se desempeña como ministro de la Presidencia y de Hacienda, ha solicitado formalmente a los diputados que impidan la reelección de la magistrada. Sin embargo, el análisis político indica que la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 legisladores, cifra que queda siete votos por debajo de los 38 necesarios para bloquear su permanencia. De no alcanzarse dicha mayoría en contra, Solano quedaría reelegida de forma automática.
En una entrevista concedida a La Nación, Solano justificó su deseo de continuar en el cargo basándose en la necesidad de dar seguimiento a proyectos pendientes, destacando el rediseño del modelo penal que lidera desde el año 2020. La magistrada subrayó que el año 2025 registró el mayor rendimiento en la historia de juicios, con un incremento del 30% en la producción gracias al modelo de gestión implementado. Según Solano, fortalecer la gestión es fundamental para brindar una respuesta más oportuna a la ciudadanía.
Un punto central de su postura es la crítica hacia la estrategia de comunicación del Poder Judicial. Solano calificó como un "pecado" el hecho de que la institución haya mantenido silencio durante gran parte de los choques con el Ejecutivo, argumentando que esta actitud permitió que las acusaciones gubernamentales quedaran sin respuesta y se percibieran como verdades. Para la magistrada, "el que calla otorga", y sostiene que el Poder Judicial ha fallado al no explicar a la población las razones detrás de la duración de ciertos procesos.
Sobre la lentitud judicial, Solano explicó que, aunque el promedio de un proceso penal es de cuatro años, los casos que se extienden más allá representan una cantidad ínfima y suelen ser causas complejas, como delitos económicos y corrupción. Citó como ejemplo el caso Aldesa, donde los recursos de la defensa y las solicitudes de suspensión retrasaron la audiencia preliminar. Asimismo, afirmó que el sistema tiene capacidad para resolver cerca del 80% de los casos que ingresan.
En cuanto a la seguridad, Solano rechazó la idea de que el endurecimiento de las penas sea la solución eficaz contra la criminalidad. Señaló que, a pesar de que las penas por homicidio han aumentado en algunos casos de 20 a 50 años, las tasas de homicidios siguen siendo altas. También advirtió que el 70% de la población carcelaria son hombres entre 18 y 30 años, personas que se encuentran en su etapa de mayor productividad vital.
La magistrada cuestionó la coherencia del discurso oficial, señalando que mientras se anuncia el combate a la criminalidad, se reducen los recursos para la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Solano insistió en que debe haber congruencia entre el discurso y las acciones presupuestarias. Respecto a los ataques del gobierno, negó que estos influyeran en su decisión de buscar la reelección, aunque reconoció que las amenazas actuales son distintas por provenir de un poder de la República.
Finalmente, Solano propuso una serie de reformas administrativas y procesales para agilizar el sistema, incluyendo allanamientos las 24 horas, plazos estrictos para que los jueces resuelvan solicitudes de la Fiscalía y que los tribunales unipersonales conozcan delitos con penas de hasta 10 años. Estas medidas, sumadas a soluciones alternas en la audiencia intermedia, podrían liberar el 40% de las agendas de los tribunales penales. Advirtió, además, que las organizaciones criminales hoy son más complejas y cuentan con recursos profesionales superiores a los de las instituciones judiciales.
