La jornada de movilizaciones convocada por el bloque de oposición para este miércoles se vio marcada por un episodio de alta tensión y controversia. El foco del conflicto se centró en las denuncias emitidas por los mismos organizadores y participantes de las protestas, quienes alertaron sobre la presencia de efectivos militares armados en puntos estratégicos de la concentración, específicamente en las instalaciones del Capitolio Nacional.
El punto crítico de la jornada ocurrió cuando se hizo pública la imagen de dos uniformados apostados en la terraza del Capitolio Nacional. Los efectivos portaban armas largas y contaban con dispositivos de puntería, una escena que generó una ola inmediata de reacciones negativas y preocupación entre los asistentes a la manifestación y los sectores políticos opuestos al gobierno.
Ante este escenario, varios legisladores manifestaron su rechazo y calificaron la situación como un acto de “represión”. Estos sectores políticos relacionaron la presencia de los militares con una supuesta orden emanada del gobierno de Abelardo de la Espriella. Según las denuncias, este despliegue se daría en el marco de la firma de un nuevo decreto destinado a regular el derecho a la protesta en el país. Es importante señalar que dicha medida regulatoria ya ha sido objeto de cuestionamientos legales, habiendo sido demandada por al menos tres congresistas que la califican como una acción arbitraria.
A medida que crecía la indignación en la Plaza de Bolívar, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, intervino para aclarar la situación. Henríquez fue enfático al informar que fue él mismo quien autorizó la presencia de los militares en las terrazas del edificio. No obstante, el presidente de la corporación detalló que esta decisión no obedecía a una estrategia de control de las protestas o de represión, sino que se trató estrictamente de un asunto de seguridad coordinado.
De acuerdo con la explicación brindada por Henríquez, los uniformados tenían la misión específica de prestar protección al expresidente Gustavo Petro. El exmandatario participó activamente en las marchas y realizó un recorrido por la Plaza de Bolívar, lo que, según las autoridades de seguridad, requería un despliegue preventivo para garantizar su integridad física.
Para sustentar estas afirmaciones, Caracol Radio tuvo acceso a la solicitud oficial enviada por el esquema de seguridad del expresidente Petro al Congreso de la República. El documento, que sirve como prueba de la coordinación previa, aparece firmado por el intendente Juan Carlos Bermúdez, quien se desempeña como el responsable de avanzadas del equipo de seguridad del exmandatario.
En el contenido de la carta, se advierte que el Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) ha impartido directrices claras y específicas para salvaguardar la integridad del expresidente. Basándose en estas recomendaciones técnicas de seguridad, el equipo de protección consideró necesario y fundamental la ubicación de dos guardias armados en la terraza del Capitolio. La ubicación fue seleccionada estratégicamente debido a que se encontraba a pocos metros de la concentración de la oposición en la Plaza de Bolívar, zona donde el riesgo se consideraba más elevado.
El documento deja constancia de que el equipo de seguridad solicitó formalmente la autorización de ingreso para estos uniformados a partir de las 8:00 de la mañana de este miércoles. El objetivo explícito consignado en la comunicación era “garantizar la integridad del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego” durante su desplazamiento y permanencia en el lugar de las manifestaciones.
Mientras que la presencia de los militares con armas largas generó fuertes críticas y sospechas de control gubernamental sobre la protesta, el Gobierno mantuvo una postura distinta sobre el balance general de la jornada. Desde la administración actual se exaltó el carácter pacífico de la movilización, destacándola como la primera gran jornada de manifestaciones bajo el marco de la administración vigente.
