El pasado miércoles, diversas ciudades de Colombia fueron escenario de nutridas concentraciones y marchas que expresaron el rechazo de un amplio espectro social hacia el programa de gobierno implementado por el presidente Abelardo de la Espriella. Apenas dos meses después de haber asumido el mando, el mandatario enfrenta una ola de descontento que se manifestó en las calles de buena parte del territorio nacional.
El expresidente Gustavo Petro, quien durante su administración se consolidó como un líder popular, calificó estas movilizaciones como un «campanazo para despertar». Petro destacó que el despliegue ciudadano es una respuesta directa a las políticas del nuevo ejecutivo, señalando que el gobierno de De la Espriella ha logrado en tiempo récord que la ciudadanía salga a reclamar contra sus medidas.
A pesar de que en redes sociales surgieron cuestionamientos sobre el número real de asistentes, las evidencias audiovisuales y fotográficas confirmaron que la concurrencia superó ampliamente el millar de personas en múltiples puntos del país. En Bogotá, el epicentro fue la Plaza Bolívar, donde los manifestantes resistieron la lluvia y una granizada que, aunque afectó a algunos asistentes y mantuvo a otros en sus hogares, no logró detener el desarrollo de la jornada.
La convocatoria fue atendida no solo en la capital, sino también en ciudades como Pereira, Popayán, Medellín, Cali y Bucaramanga, extendiéndose a departamentos como Nariño, Boyacá y el Cauca, así como en Valledupar. En estas regiones, los manifestantes utilizaron sombrillas para protegerse del sol, evidenciando una respuesta coordinada de agrupaciones políticas, estudiantes, centrales sindicales, organizaciones campesinas e indígenas, y diversos sectores sociales en general.
Esta jornada representó el pulso inicial de una oposición heterogénea que trasciende la coalición del Pacto Histórico. Cabe recordar que dicha coalición fue derrotada en las urnas por un margen inferior al punto porcentual frente a la ultraderecha liderada por De la Espriella, un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias de manejos turbios.
Las preocupaciones sociales se centran en la rapidez con la que el presidente De la Espriella ha aplicado su agenda. Esta incluye un programa de achicamiento presupuestario e institucional, así como procesos de privatización y la apertura al acceso extranjero de los recursos naturales y las tierras raras. Según el análisis de la situación, estas medidas siguen el modelo de otros gobiernos latinoamericanos recientes y muestran una mimetización fiel de las políticas del Gobierno de Estados Unidos, lo que ha derivado en una serie de decisiones calificadas como antipopulares.
Desde el sector social, Sonia López, dirigente del Congreso de los Pueblos, denunció en declaraciones para el sitio Colombia Informa lo que definió como «la militarización de nuestros territorios». López se refirió específicamente a la autorización otorgada nuevamente a las tropas estadounidenses para desplazarse por el país, evocando la época de las siete bases militares prestadas al Pentágono y el Plan Colombia, sistema desde el cual se ejercía vigilancia sobre toda la región.
La tensión ha aumentado debido a la firma del decreto 1525 el pasado martes. Según activistas y dirigentes progresistas, este decreto busca «satanizar» la movilización social al fijar reglas estrictas para el accionar de la fuerza pública durante las concentraciones populares. Al respecto, la cadena Telesur reportó un amplio despliegue policial en las ciudades más importantes del país inmediatamente después de la firma de este documento.
Finalmente, el desmantelamiento de los programas de paz resulta uno de los puntos más críticos. El gobierno actual ha iniciado la desarticulación de los compromisos asumidos en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP durante la presidencia de Juan Manuel Santos, cuya implementación fue impulsada posteriormente por la gestión de Petro. Este retroceso se suma a la desarticulación del modelo social enfocado en el campo y la búsqueda de la «Paz Total» promovida por el Pacto Histórico. Dado el ritmo de ejecución de la agenda gubernamental y el malestar social manifestado, se prevé que el país continúe experimentando nuevas movilizaciones.
