El Gobierno nacional llevó a cabo un giro estratégico con el objetivo de proteger el decreto que considera la pieza central de su gestión. A casi tres años de haberla derogado mediante el DNU 70/23, La Libertad Avanza firmó este miércoles un dictamen de mayoría que restablece la "plena vigencia" de la Ley de Tierras Rurales. Esta normativa, sancionada originalmente por el kirchnerismo a finales de 2011, establece un tope del 15% a la propiedad de tierras en manos de extranjeros.
La maniobra legislativa se produjo a menos de 24 horas de la sesión convocada por la oposición para este jueves a las 14 horas, cuyo propósito es rechazar el decreto en su totalidad. Con este movimiento, el oficialismo busca neutralizar el argumento más sólido de los bloques legislativos que responden a los gobernadores provinciales, quienes habían manifestado su disconformidad con la eliminación de los límites a la compra de tierras.
El cambio se implementó durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por el diputado libertario Nicolás Mayoraz. El oficialismo, contando con el respaldo del PRO y la UCR, logró un total de 34 firmas en el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Dicho proyecto ya contaba con media sanción del Senado, pero se le añadió un capítulo compuesto por dos artículos: uno que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 (el cual derogaba la Ley de Tierras) y otro que repone la Ley 26.737.
Para evitar que el giro fuera percibido como una concesión directa del Ejecutivo, el anuncio fue realizado por el diputado radical correntino Diógenes González, quien expresó que la Ley de Tierras recobre vigencia por ley y manifestó la expectativa de que el Senado tome estas modificaciones. Debido a que el texto original fue alterado, el proyecto debe volver a la Cámara alta y luego sería tratado por los diputados en la sesión oficialista programada para el 21 de octubre. De prosperar, volvería a regir el límite del 15% de la superficie nacional para la venta a extranjeros, revirtiendo la desregulación total que el Gobierno había impulsado inicialmente.
La reacción de la oposición fue inmediata y cargada de ironía. El diputado massista Diego Giuliano calificó la medida como una "comedia" al señalar que "vuelve la ley del peronismo". Por su parte, la legisladora camporista Paula Penacca describió la acción como un "manotazo de ahogado", afirmando que se firmó algo contrario a la voluntad expresada por el Presidente. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, tildó la maniobra de "cuarta" para evitar el quórum en la sesión destinada a rechazar el DNU 70, cuestionando qué incentivos recibieron quienes decidieron no sumarse al rechazo.
La clave de esta estrategia reside en la naturaleza del DNU, el cual solo puede ser rechazado en su totalidad y no por artículos individuales. El Gobierno busca preservar la derogación de la Ley de Alquileres y las desregulaciones en el mercado aerocomercial, el abastecimiento y el servicio de internet. Para el oficialismo, la caída del decreto provocaría un caos jurídico y representaría un golpe crítico al núcleo de su gestión. Martín Menem ya había advertido que un rechazo general traería aumentos en los alquileres y problemas con el internet satelital.
En paralelo, el Ejecutivo ha convocado a una "super sesión" para el 21 de octubre para tratar temas de Discapacidad y Endeudamiento Familiar, ofreciendo así a los sectores dialoguistas una alternativa para votar estos temas sin necesidad de afectar el decreto.
En cuanto a los números en el Congreso, los sondeos indican que la oposición alcanzaría aproximadamente 122 presentes, quedando siete votos cortos de los 129 necesarios para el quórum. El cálculo incluye 92 diputados de Unión por la Patria, 11 de Provincias Unidas, 4 de Argentina Federal, 4 del Frente de Izquierda, y otros bloques menores como Elijo Catamarca, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
Se han registrado giros notables en las lealtades provinciales. Los diputados misioneros de Argentina Federal, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, acompañarán el rechazo al DNU, alegando que la medida afectó negativamente a Misiones y que la reciprocidad financiera con el Gobierno ha sido desigual. Asimismo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, confirmó su apoyo a la vigencia de la Ley de Tierras.
La incertidumbre persiste entre los legisladores que responden a gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), quienes tienden a evitar el conflicto directo con el DNU. En Córdoba, el clima es de hartazgo por incumplimientos financieros, lo que impulsaría a diputados como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez a bajar al recinto, mientras que otros, como Alejandra Torres, muestran reparos ante la derogación total del decreto.
Finalmente, el escenario se ve condicionado por la presión social. El paro de ATE y la quinta Marcha Federal Universitaria podrían influir en los diputados indecisos, mientras el Gobierno confía en que la restitución de la Ley de Tierras sea la razón suficiente para que varios legisladores opten por no dar quórum.
