El condado de Clark, en el estado de Washington, ha implementado un avanzado sistema de seguridad en sus buzones electorales para prevenir y detectar ataques incendiarios. Esta medida surge como respuesta directa a un incidente ocurrido en 2024, donde un atacante utilizó un artefacto explosivo con termita para incendiar los buzones, resultando en la pérdida o daño de aproximadamente 500 papeletas.
Según Greg Kimsey, auditor del condado de Clark, los buzones ahora cuentan con una tecnología capaz de enviar mensajes de texto inmediatos a los funcionarios electorales bajo tres condiciones específicas: si la temperatura interna del buzón supera un límite determinado, si el contenedor recibe un golpe fuerte o si el dispositivo es retirado de su ubicación geolocalizada. Además de estas alertas, el condado ha adquirido sistemas de extinción de incendios mejorados para evitar la destrucción de los votos y está instalando cámaras de vigilancia en todos sus buzones, reforzando la seguridad en los puntos que ya habían sido blanco de ataques anteriormente.
Kimsey expresó su satisfacción al observar que los votantes continuaron utilizando los buzones incluso después del ataque, y aseguró que se han tomado las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los depósitos, incluyendo una mayor frecuencia en la recolección de las papeletas.
El uso de buzones electorales se ha convertido en un punto de fricción política en Estados Unidos. Desde las elecciones de 2020 y las acusaciones de fraude emitidas por el expresidente Donald Trump, estos contenedores han sido objeto de teorías conspirativas sobre el "relleno de urnas". Mientras que líderes demócratas han impulsado su expansión en estados como Oregon y Pensilvania para facilitar el acceso al voto, muchos funcionarios republicanos han presionado para restringirlos o prohibirlos, argumentando que facilitan la recolección no autorizada de votos y que carecen de una custodia uniforme entre condados.
Esta polarización se refleja en la legislación estatal. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, más de 10 estados, incluidos Texas y Carolina del Norte, prohíben o no utilizan buzones electorales. Asimismo, Voting Rights Lab indica que 16 estados han aprobado leyes desde 2021 para restringir o prohibir estos sistemas. En Ohio, por ejemplo, se limita la instalación a un solo buzón por condado.
En Wyoming, un estado tradicionalmente republicano, el debate ha sido intenso. Aunque la Cámara de Representantes aprobó una prohibición total, el Senado optó por una solución intermedia: exigir contenedores más seguros ubicados en edificios gubernamentales. El senador estatal Brian Boner, aunque apoya la eliminación de buzones independientes por seguridad, destacó la necesidad de opciones de voto anticipado para los trabajadores rurales, como mineros y ganaderos, quienes disponen de muy poco tiempo libre legal para votar el día de las elecciones.
Paralelamente a las preocupaciones de seguridad física, los funcionarios electorales advierten sobre los riesgos del envío postal. Cambios en el procesamiento del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para reducir costos han provocado que algunas papeletas demoren más en ser selladas. En Washington, un informe de la senadora María Cantwell y el secretario de Estado Steve Hobbs reveló que las papeletas rechazadas por llegar tarde aumentaron un 32% en las primarias de agosto de 2026 respecto a 2024. Un estudio de Brookings corroboró que la tasa de rechazo prácticamente se duplicó en zonas afectadas por los cambios operativos del USPS.
Ante esto, Steve Hobbs ha instado a los votantes a priorizar los buzones electorales sobre el correo convencional, sugiriendo enviar el voto con al menos 10 días de antelación si optan por el servicio postal. Por su parte, el USPS afirma haber entregado la gran mayoría de las papeletas a tiempo en ciclos anteriores y asegura que implementará "medidas extraordinarias" para agilizar la entrega en las próximas elecciones, incluyendo procesamiento los domingos y gestión prioritaria.
La vulnerabilidad de los buzones también ha sido evidenciada por ataques físicos. Además de los incidentes en Washington y Oregón —donde el uso de termita complicó la extinción del fuego—, se reportaron papeletas quemadas en Los Ángeles y casos de intimidación electoral en Arizona. Como respuesta, condados de Pensilvania, Illinois y California han invertido millones en buzones de alta tecnología que incluyen registros digitales de auditoría, escaneo de sobres y fotografías de quienes depositan su voto para asegurar la cadena de custodia.
