El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, cumple una agenda de trabajo en territorio uruguayo que incluye encuentros de alto nivel tanto con el Poder Ejecutivo como con referentes políticos de la oposición. De acuerdo con la información proporcionada por Presidencia, el jerarca salvadoreño sostendrá este miércoles una reunión bilateral con el presidente de la República, Yamandú Orsi. El encuentro oficial está programado para llevarse a cabo en la Torre Ejecutiva a partir de las 16:00 horas.
Más allá de la agenda oficial con el jefe de Estado, Félix Ulloa extenderá sus actividades hacia el ámbito legislativo y político. Según reportes del semanario Búsqueda, confirmados posteriormente por El País mediante fuentes cercanas al legislador colorado, el vicepresidente salvadoreño se reunirá el próximo jueves sobre el mediodía con el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Esta reunión tendrá lugar en la residencia del expresidente Julio María Sanguinetti, quien también formará parte del encuentro.
La visita de Ulloa ocurre en un contexto de intenso debate interno en Uruguay sobre las estrategias de seguridad ciudadana, un tema en el que el senador Andrés Ojeda ha sido una voz activa y visible. El dirigente colorado ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo al modelo de seguridad implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ojeda ha utilizado sus redes sociales para subrayar la efectividad de dicha gestión, asegurando en una publicación realizada en la plataforma X a finales de agosto que los datos correspondientes al año 2025 sobre la gestión de seguridad en El Salvador son "contundentes".
En sus declaraciones, el senador Ojeda realizó una comparación directa entre las cifras de criminalidad de ambos países. El legislador señaló que El Salvador cerró el periodo con una tasa de 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes y un porcentaje del 100% de casos resueltos. En contraste, afirmó que Uruguay presenta una tasa de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, calificando la situación uruguaya como "casi ocho veces peor".
Este posicionamiento ha generado fricciones con las autoridades actuales del Ministerio del Interior. Ojeda dirigió críticas directas hacia la subsecretaria de dicha cartera, Gabriela Valverde, quien en una entrevista con el medio Búsqueda había expresado su postura de "no ceder" ante el modelo impulsado por Bukele. Ante esto, el dirigente colorado lamentó que el gobierno actual se "resigne" y sostenga que la guerra contra el narcotráfico está perdida, asegurando que Bukele logró vencer el concepto del "no se puede". Para Ojeda, la falta de comprensión de este modelo conlleva un riesgo para el país y su ciudadanía.
A pesar de su apoyo general, el senador Ojeda ha matizado su postura en otras instancias. En una entrevista concedida al programa Desayunos Informales de Teledoce a finales de agosto, admitió que existen aspectos del plan de seguridad salvadoreño que presentan complicaciones, específicamente en lo referido a la "reclusión" y a las "cuestiones de debido proceso". No obstante, insistió en que hay elementos "muy interesantes" que Uruguay podría analizar, especialmente en lo que respecta a las estrategias potentes para retomar el control territorial. Según el senador, existen actualmente barrios en Uruguay que se encuentran "tomados" por el narcotráfico.
Ojeda advirtió sobre un creciente sentimiento de hartazgo en la población uruguaya, sugiriendo que llegará un punto en el que la ciudadanía priorice la seguridad sobre las garantías procesales ante la persistencia de la violencia armada. "Creo que Uruguay empieza a tomar un camino de hartazgo con la gente muy grande, que va a llegar en algún momento a pedir 'che, todo bien con las garantías, pero no aguanto más los tiros'", afirmó el legislador.
Mientras tanto, la figura del presidente Nayib Bukele sigue siendo el eje central de esta controversia. Si bien goza de una alta popularidad en El Salvador gracias a la reducción de la violencia y al presunto control sobre las pandillas criminales, su gestión es objeto de severas críticas internacionales. Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la política de seguridad basada en un régimen de excepción, el cual permite arrestos masivos sin necesidad de una orden judicial y restringe libertades fundamentales. Asimismo, se han denunciado detenciones dirigidas contra críticos del gobierno, situaciones que han forzado el exilio de activistas y periodistas.
